La operación, presentada en su momento como una alternativa innovadora para acelerar la construcción de infraestructura sanitaria, implicó la utilización de G. 800.800 millones pertenecientes a los trabajadores y empleadores que sostienen el sistema previsional. Sin embargo, una década después, las principales metas del fideicomiso permanecen incumplidas y las obligaciones económicas continúan acumulándose.
El cuestionamiento principal radica en que los hospitales Hemato-Oncológico y el Gerardo Buongermini (hospital geriátrico), incluidos dentro del paquete de obras contempladas originalmente en el contrato de fideicomiso con el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros), no fueron concluidos en los términos previstos, pese al gigantesco volumen de recursos comprometidos.
Ahora, el IPS deberá desembolsar nuevamente otros G. 126.000 millones para saldar las obligaciones pendientes, alrededor de G. 98.000 millones por el Hospital Hemato-Oncológico y unos G. 28.000 millones por el Hospital Buongermini. Ambas cifras representan un nuevo golpe para las finanzas institucionales y alimentan las críticas sobre la administración del fideicomiso a cargo del ente bancario.
Diversos especialistas sostienen que el esquema terminó convirtiéndose en una pesada carga financiera para la previsional. La utilización de recursos provenientes del aporte obrero-patronal debía garantizar resultados concretos, especialmente en materia de infraestructura hospitalaria estratégica, pero la realidad muestra un escenario completamente distinto.
El Hospital Hemato-Oncológico, concebido como una obra emblemática para fortalecer la atención de pacientes con cáncer, sigue siendo uno de los mayores símbolos del incumplimiento contractual. La infraestructura, largamente esperada por miles de asegurados, continúa inconclusa mientras los costos financieros siguen incrementándose.
En el mismo sentido, el Hospital Buongermini tampoco logró materializarse conforme a los objetivos establecidos en el contrato de fideicomiso. La necesidad de volver a destinar recursos para terminar obras que ya habían sido contempladas originalmente genera fuertes cuestionamientos sobre la eficiencia y el control ejercidos durante la ejecución del contrato.
La controversia adquiere una dimensión aún más sensible debido al origen de los fondos utilizados. Los G. 800.800 millones comprometidos provienen de los aportes mensuales realizados por trabajadores y empleadores, recursos cuyo destino natural debería ser garantizar la sostenibilidad del sistema jubilatorio y mejorar los servicios médicos para los asegurados.
Críticos del acuerdo señalan que la operación terminó trasladando riesgos financieros a la propia previsional, sin que existan resultados proporcionales al enorme esfuerzo económico realizado. En lugar de liberar al IPS de obligaciones futuras, el mecanismo habría generado nuevas deudas y compromisos que hoy vuelven a impactar sobre las finanzas institucionales.
Sectores sindicales y analistas consideran indispensable determinar por qué, después de haber comprometido más de G. 800.000 millones, el IPS debe afrontar nuevamente pagos millonarios para concluir hospitales que formaban parte esencial del proyecto original.
El debate trasciende la mera cuestión contable. En el fondo, la discusión gira en torno a la administración de recursos que pertenecen a millones de trabajadores paraguayos y que constituyen la base financiera del sistema previsional. Cada guaraní destinado a cubrir sobrecostos o deudas no previstas representa dinero que deja de invertirse en medicamentos, equipamientos, atención médica o fortalecimiento del fondo jubilatorio.
Mientras las autoridades actuales analizan mecanismos de reingeniería financiera para enfrentar la compleja situación económica del IPS, el fideicomiso con banco Atlas SA permanece como uno de los episodios más cuestionados de las últimas administraciones de la institución. La necesidad de desembolsar otros G. 126.000 millones para obras originalmente financiadas profundiza las dudas sobre la conveniencia del esquema y reabre el debate acerca de la protección y el uso responsable del dinero aportado por los trabajadores y empleadores del país.
La pregunta que persiste es inevitable: ¿cómo puede justificarse que, después de utilizar G. 800.800 millones provenientes del aporte obrero-patronal, la previsional deba volver a pagar por hospitales que ya formaban parte del contrato inicial? La respuesta a ese interrogante será determinante para recuperar la confianza ciudadana en la administración de uno de los patrimonios sociales más importantes del Paraguay.
Se aguarda que el Ministerio Público, que investiga el contrato de fideicomiso con el banco Atlas SA profundice las pesquisas hacia quienes tuvieron la responsabilidad de administrar esta herramienta financiera que podría derivar en millonarios perjuicios para la previsional.