El fideicomiso, firmado originalmente en el 2017 entre el IPS y el banco Atlas SA (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros), con una vigencia de veinte años, permitió la transferencia de G. 828.800 millones de recursos previsionales para la construcción y mejoramiento de infraestructura sanitaria.
Sin embargo, a casi una década de su puesta en marcha, los principales objetivos siguen inconclusos y varias de las obras emblemáticas permanecen sin terminar o presentan graves deficiencias estructurales.
Uno de los cuestionamientos más severos se refiere al incumplimiento de la finalidad principal del contrato. Los hospitales considerados estratégicos para la modernización del sistema sanitario del IPS, entre ellos el Hemato-Oncológico y el Buongermini, continúan pendientes, pese a que aún subsisten obligaciones por aproximadamente G. 126.000 millones, de los cuales G. 98.000 millones corresponden al primero y G. 28.000 millones al segundo, de acuerdo a lo manifestado por el propio actual presidente del Instituto, Isaías Fretes.
En tal sentido, el expresidente del IPS Hugo Royg recordó recientemente que los contratos fiduciarios poseen una rigidez jurídica extrema y que sus objetivos no pueden modificarse arbitrariamente sin desnaturalizar el instrumento. Sus declaraciones alimentaron las sospechas sobre la incorporación a última hora en el contrato del denominado “Punto 5: Otros centros de salud”, una cláusula que habría permitido desviar recursos hacia obras no contempladas originalmente en el esquema principal.
Las explicaciones brindadas además por otro extitular del IPS, Benigno López, tampoco lograron disipar las dudas. El propio impulsor del fideicomiso reconoció que la inclusión de dicho apartado respondió a la necesidad de “flexibilizar” un mecanismo concebido precisamente para garantizar estrictamente el cumplimiento de objetivos previamente definidos.
Pero, más allá de las obras inconclusas, el aspecto financiero del contrato concentra hoy las mayores críticas. Diversos sectores cuestionan que el banco Atlas pueda disponer diariamente de la recaudación proveniente de los aportes de trabajadores y empleadores sin que exista una compensación adecuada para el IPS. Según las estimaciones difundidas en las últimas semanas, la entidad bancaria tendría la posibilidad de acumular mensualmente hasta G. 126.000 millones de dinero fresco antes de realizar las transferencias correspondientes, sin abonar intereses por esos recursos.
Según Benigno López, esos fondos sí o sí deben generar intereses a favor de la previsional; sin embargo, desde la cúpula del IPS se había manifestado que el banco Atlas puede acumular hasta por 30 días y un monto de G. 126.000 millones y disponer de ese dinero a costo cero.
La situación genera interrogantes sobre el beneficio económico obtenido por el fiduciario durante años mediante la utilización temporal de fondos previsionales que pertenecen a millones de asegurados. Expertos en negocios fiduciarios sostienen que el principio esencial de este tipo de contratos consiste en administrar bienes ajenos conforme a una finalidad específica y bajo condiciones de transparencia y protección patrimonial, lo que vuelve indispensable determinar si existieron rendimientos financieros no acreditados al patrimonio del IPS.
Las denuncias sobre un eventual impago de intereses no son nuevas. Ya meses atrás se habían planteado reclamos por montos millonarios que, según diversas versiones, nunca fueron transferidos a la previsional pese a la utilización continua de los recursos depositados en el fideicomiso. Las nuevas revelaciones reactivaron esos cuestionamientos y alimentaron la exigencia de una auditoría integral del contrato.
A ello se suma el deterioro observado en algunas obras ya ejecutadas. La clínica 12 de Junio, construida mediante recursos del fideicomiso con una inversión cercana a los USD 8 millones, presenta actualmente importantes problemas estructurales y de mantenimiento, según constataron las propias autoridades del IPS durante recientes inspecciones.
Mientras el Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones por un presunto daño patrimonial, aumenta la presión para esclarecer el verdadero alcance de las obligaciones asumidas por cada una de las partes y determinar si existieron incumplimientos que lesionaron los intereses de los aportantes.
El caso del fideicomiso IPS-Atlas, concebido en su momento como una herramienta moderna para financiar infraestructura sanitaria, se ha transformado en uno de los episodios más controvertidos de la administración de los fondos previsionales paraguayos. Las preguntas sobre el destino de G. 828.800 millones, la falta de culminación de hospitales esenciales y la eventual utilización gratuita de hasta G. 126.000 millones mensuales de aportes obreros siguen sin respuestas definitivas, alimentando una polémica generalizada en torno a este contrato.