El economista Amílcar Ferreira, advirtió que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) debe desarrollar capacidades de negociación complejas para evitar la fuga de grandes capitales internacionales tras el alcance del grado de inversión nacional.
El analista financiero, argumentó que el rechazo público a las solicitudes tarifarias daña la reputación corporativa de la República frente a los consorcios internacionales que buscan radicar proyectos de alta tecnología.
Según las evaluaciones de los organismos multilaterales, la instalación de la planta de hidrógeno verde cuenta con el respaldo financiero directo del Banco Mundial. Las declaraciones del especialista, se emitieron durante una mesa de análisis en el programa dominical Contra corriente por La Tribu 650 AM.
Previsibilidad financiera para la captación de deuda internacional
Los proyectos de infraestructura pesada que superan las escalas estándar de la maquila requieren de estructuras mixtas de financiamiento que exigen certidumbre de costos a largo plazo.
Las exigencias de la banca internacional, determinan que las firmas globales no operan de forma exclusiva con capital propio debido a los altos niveles de diversificación de sus portafolios de riesgo.
Las planificaciones del consorcio energético, contemplan una inversión de 655 millones de dólares dedicada de forma íntegra a la fase de construcción de la infraestructura civil.
Este despliegue de capital privado, demanda la firma de un acuerdo de provisión eléctrica con una tarifa cierta por un plazo inicial de 15 años de vigencia contractual.
Cronograma de construcción y nulo consumo inicial de potencia
La ejecución física de las obras civiles de gran envergadura demanda plazos extensos de desarrollo técnico donde la demanda sobre la red de transmisión eléctrica resulta inexistente. Las proyecciones de los ingenieros civiles, dividen el contrato general de 25 años en una etapa inicial de construcción fijada para los primeros 5 años de actividades operativas en el terreno. Las planillas de suministro energético, certifican que la planta industrial registrará un consumo de 0 % de electricidad durante este periodo de edificación estructural.
Las estimaciones de la consultoría financiera, aclaran que el desembolso masivo de fondos se completará en su totalidad antes de que la fábrica inicie la producción de amoníaco.
Impacto marginal sobre la demanda eléctrica del sistema nacional
La incorporación de un nuevo consumidor de alto voltaje no compromete la estabilidad financiera del pliego de tarifas residenciales si se estructuran fórmulas de compensación diferidas en el tiempo.
Las métricas del balance energético, revelan que la planta de hidrógeno representará el 2 % del pico de demanda actual en las redes de distribución del Estado.
Las estimaciones de la demanda futura, calculan que la operatividad de las instalaciones significará apenas el 1% del consumo nacional cuando el mercado local alcance la saturación de su potencia.
Esta proporción marginal, resulta perfectamente administrable frente a los niveles de pérdidas por robo de energía que hoy se ubican en el 10 por ciento.
Comparación con el modelo de desarrollo institucional de Uruguay
La maduración del marco institucional de los países mediterráneos se mide por su capacidad de construir soluciones logísticas personalizadas para atraer corporaciones de primer orden.
Las comparaciones del analista Amílcar Ferreira, señalaron que el mercado de Uruguay capta un promedio de 3.000 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa frente a los niveles históricos paraguayos.
Las negociaciones del gobierno uruguayo, avanzan en la concreción de una planta de hidrógeno similar por un valor de 2.500 millones de dólares liderada por el poder Ejecutivo.
Este éxito de captación externa, demuestra el impacto de poseer un marco regulatorio flexible que evita los comunicados de rechazo unilateral en la vía pública.
Cláusulas de reajuste y mitigación de riesgos de subsidio estatal
La implementación de contratos de largo plazo en el sector de muy alto voltaje permite incorporar herramientas de actualización monetaria para blindar los balances contables de las empresas públicas.
Las propuestas de equilibrio corporativo, plantean registrar las diferencias tarifarias temporales como un crédito financiero a favor de la proveedora estatal para su posterior cobro a partir del año 11 de producción.
Las estadísticas de los mercados regionales, demuestran la viabilidad de fijar precios iniciales de 30 dólares por megavatio hora con reajustes automáticos basados en los índices de inflación norteamericanos.
Ferreira, concluyó que la puesta en marcha de la industria química, sustituirá importaciones de fertilizantes por un valor de 700 millones de dólares anuales.