Según explicó el exdirector de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, en la La Tribu 650 AM,el régimen vigente de contrataciones públicas fue modificado tras la pandemia para impedir que empresas sancionadas continúen contratando con el Estado mediante firmas vinculadas. Indicó que la legislación actual permite extender las consecuencias de una inhabilitación a personas físicas relacionadas con la empresa incumplidora y, por esa vía, bloquear también la participación de otras compañías del mismo grupo empresarial.
Al referirse al contrato rescindido por Petropar con una empresa proveedora de combustibles, Seitz aclaró que la DNCP debe analizar individualmente la participación de cada persona vinculada a la firma antes de abrir un sumario.
En ese contexto, señaló que Alejandro Domínguez Pérez no fue incluido en el caso del presunto incumplimiento contractual de la empresa catarí “Doha Holding Group LLC” con Petropar, porque, aunque figuraba como apoderado, la institución concluyó que no ejerció efectivamente la representación legal de la empresa, requisito exigido por la ley para iniciar un proceso sancionatorio.
El incumplimiento contractual deberá ser evaluado por la DNCP, que determinará si corresponde aplicar una inhabilitación de entre uno y cinco años para contratar con el Estado, explicó en el programa Todo pasa weekend.
El abogado también sostuvo que la transparencia incorporada al sistema de compras públicas desde 2020 fortaleció el control ciudadano y la prevención de irregularidades. Recordó que, durante la pandemia, se modificó el régimen de contrataciones de emergencia para exigir la publicación previa de los llamados, lo que permitió una mayor competencia entre oferentes.
Afirmó que Paraguay cuenta actualmente con uno de los sistemas de información sobre contrataciones públicas más abiertos del mundo, al permitir el acceso a bases de datos y documentos que facilitan el control de periodistas, investigadores y de la ciudadanía.