Hugo Royg, en entrevista con La Tribu 650 AM, aportó nuevos elementos al debate sobre el cuestionado contrato de fideicomiso entre el IPS y el banco Atlas (empresa perteneciente al Grupo Zuccolillo, conglomerado empresarial que incluye además firmas como Inmobiliaria del Este, Biggie, Agroshopping, el medio de comunicación ABC Color y otros).
El extitular de la previsional describió el funcionamiento legal y financiero de este tipo de instrumentos y dejó en evidencia que cualquier desviación de los objetivos originales de un fideicomiso requiere procedimientos formales, controles estrictos y el consentimiento de las partes involucradas.
Sus explicaciones cobran especial relevancia en momentos en que crecen los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del fideicomiso constituido por el IPS para financiar obras hospitalarias, especialmente ante las denuncias de que los fondos terminaron siendo utilizados para fines distintos a los previstos inicialmente.
Royg recordó en “El programa ese” que un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona o entidad transfiere bienes, recursos o derechos a un fiduciario para que los administre conforme a un mandato específico y claramente definido. “Yo te transfiero cosas y te digo: ʽpor favor, con esto hacé estoʼ. Te doy claramente un mandato”, comentó el economista.
Según sostuvo, el fiduciario no actúa como un mero administrador pasivo. Aunque debe cumplir las instrucciones establecidas en el contrato, también tiene la obligación de respetar todas las disposiciones legales vigentes, proteger el patrimonio administrado y verificar que cada operación cumpla con los requisitos exigidos.
“El fiduciario tiene que verificar que la orden esté bien, que los documentos sean adecuados, que se paguen los impuestos y que se cumplan todos los requisitos formales. No puede correr riesgos”, afirmó.
G. 828.800 millones esfumados
Estas consideraciones adquieren especial importancia frente a las denuncias de que millonarios recursos del fideicomiso IPS-Atlas habrían sido utilizados para cubrir gastos no contemplados originalmente, como pagos de servicios, salarios y otros conceptos alejados de la construcción de infraestructura y mejoras en cuatro hospitales específicos (Hospital Ingavi, Policlínico, Hospital Buongermini y el Hospital Hemato-Oncológico). Para ello el IPS entregó al banco Atlas SA unos G. 828.800 millones de los cuales, según auditorías internas y externas encomendadas por la previsional, solo un 24% fueron utilizados para los cuatro centros hospitalarios mencionados taxativamente dentro del acuerdo, y un 76%, es decir más de G. 630.000 millones, a otros gastos, incluidos los USD 8 millones para la clínica 12 de Junio, donde el actual presidente del IPS, Isaías Fretes, constató graves falencias estructurales.
Uno de los puntos más sensibles del debate con Royg giró justamente en torno a las modificaciones realizadas durante la ejecución del fideicomiso. Consultado sobre la posibilidad de modificar un fideicomiso, el entrevistado reconoció que los contratos pueden ser ajustados, pero advirtió que tales modificaciones no pueden realizarse de manera arbitraria. “Se puede cambiar, pero siempre manteniendo la esencia del contrato y con acuerdo de todas las partes”, señaló.
En el caso que nos ocupa, recordó que las decisiones institucionales de gran envergadura suelen requerir la participación y aprobación del Consejo de Administración. Por ello, cualquier alteración sustancial del destino de los fondos debería quedar debidamente documentada y respaldada por los mecanismos internos de gobernanza. Sin embargo, el banco hasta ahora no ha podido demostrar, a la misma Fiscalía de dónde provino la orden de incluir el “Punto 5: Otros centros de salud” dentro del contrato original de fideicomiso, que, según los auditores, ocasionaron la debacle financiera del contrato.
Las afirmaciones del expresidente refuerzan las dudas planteadas por diversos sectores respecto a cómo se autorizaron cambios que terminaron alejando al fideicomiso de su propósito principal, concluir las obras hospitalarias para las cuales se comprometieron recursos de los aportantes. Recordemos que el mismo Fretes, aseguró que el IPS ahora tiene serios problemas financieros para pagar las deudas de los hospitales Hemato-Oncológico (G. 98.000 millones) y Buongermini (G. 28.000 millones) que debían financiarse con el fideicomiso con el banco Atlas.
Royg también fue enfático al señalar que el fiduciario tiene facultades para formular observaciones e incluso rechazar operaciones que no cumplan con los procedimientos establecidos. “El banco tiene un mandato. Si no se cumplen las reglas o faltan documentos, debería negarse o pedir aclaraciones”, sostuvo.
Esta explicación vuelve a colocar bajo análisis el papel desempeñado por el banco Atlas durante la administración del fideicomiso. Si efectivamente existieron desembolsos destinados a objetivos distintos de los previstos en el contrato, surge la interrogante sobre los controles aplicados por la entidad fiduciaria y los mecanismos utilizados para autorizar esos pagos.
Para Royg, la gran ventaja de los fideicomisos radica precisamente en su trazabilidad. Todas las operaciones quedan registradas, son auditables y están sometidas a una supervisión específica. “Todo queda registrado. Es auditable porque es un patrimonio autónomo. Se puede seguir cada movimiento y rendir cuentas sobre ese fondo”, indicó.
Finalmente, más allá de las responsabilidades individuales que eventualmente puedan determinar las auditorías o investigaciones, las explicaciones del expresidente del IPS dejan una conclusión contundente. Un fideicomiso está diseñado para cumplir objetivos específicos bajo reglas rígidas y controles permanentes. Cuando esos objetivos no se alcanzan y los recursos terminan siguiendo caminos distintos a los inicialmente pactados, las irregularidades dejan de ser simples sospechas para convertirse en cuestiones que exigen una revisión profunda y transparente.
Será vital pues que el Ministerio Público realice una investigación profunda sobre este acuerdo que significó cientos de miles de millones de guaraníes de los trabajadores.