El economista Amílcar Ferreira analizó el reajuste del salario mínimo dispuesto en 5% y afirmó que la decisión rompe una “tradición” instalada desde 2016, en la que los incrementos se realizaban en función a la inflación acumulada de los últimos 12 meses.
Señaló que, aunque la normativa faculta al Poder Ejecutivo a definir el porcentaje, en la práctica se había consolidado un criterio técnico previsible que facilitaba la planificación empresarial. “Este año se introduce un criterio político en una variable económica relevante”, sostuvo.
Ferreira explicó en la Tribu 650 AM que la inflación oficial del Banco Central del Paraguay se mide a partir de una canasta de alrededor de 450 productos, representativa del consumo promedio de la clase media, lo que, según indicó, no refleja necesariamente la estructura de gasto de los hogares de menores ingresos.
En ese sentido, advirtió que rubros como alimentos han registrado incrementos superiores al promedio general. Mencionó que, mientras la inflación global se ubicó en torno al 4%, los alimentos habrían alcanzado variaciones cercanas al 12%, lo que afecta con mayor intensidad a quienes perciben salario mínimo.
El economista planteó que Paraguay debería avanzar hacia canastas diferenciadas de medición de inflación, como ocurre en otros países, para reflejar de manera más precisa los distintos niveles de consumo.
En otro tramo de la entrevista, Ferreira destacó la estabilidad macroeconómica del país y su posicionamiento regional. Afirmó que Paraguay figura de manera consistente entre las economías con mejor clima de negocios, bajo nivel de impuestos y crecimiento sostenido en Sudamérica.
Recordó además que el país obtuvo recientemente el grado de inversión otorgado por calificadoras internacionales como Moody’s y Standard & Poor’s, lo que, según dijo, lo ubica en un grupo reducido de 63 economías a nivel global con esa categoría.
Indicó que este estatus abre una etapa de mayor ingreso de capitales, a través del sistema financiero, el mercado de valores, proyectos de asociación público-privada e inversión extranjera directa.
Como ejemplo, mencionó el proyecto industrial de Atome, vinculado a la producción de hidrógeno verde y fertilizantes, con una inversión estimada entre 700 y 800 millones de dólares, que podría alcanzar cerca de 1.000 millones con empresas asociadas. Señaló que se trata de una “industria ancla” con potencial de generar un clúster productivo y reducir importaciones en el sector agrícola.
No obstante, advirtió que el desarrollo de este tipo de proyectos depende de la capacidad institucional para estructurar contratos de largo plazo, especialmente en el sector energético. En el caso de la ANDE, planteó la necesidad de establecer mecanismos en dólares y esquemas de compensación que otorguen previsibilidad a los inversores sin comprometer el equilibrio financiero de la empresa estatal.
Ferreira consideró que Paraguay se encuentra ante una oportunidad estratégica para atraer inversiones de gran escala, pero advirtió que la falta de acuerdos “sofisticados y equilibrados” podría afectar la reputación del país como destino de capitales.
Finalmente, sostuvo que el desafío actual es convertir el grado de inversión en un flujo sostenido de proyectos de gran magnitud, aprovechando el ciclo de mayor confianza internacional y el acceso de Paraguay a mercados financieros globales.