El analista económico Amilcar Ferreira cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de incrementar el salario mínimo en un 5% en lugar de ajustarse al parámetro técnico de la inflación. El especialista advirtió que la medida rompe una tradición técnica de años basada exclusivamente en la inflación acumulada de los 12 meses anteriores.
Esta perspectiva sobre los efectos de la determinación gubernamental fue analizada durante el programa El programa ese por La Tribu 650 AM.
El ajuste del 2,4% establecido por el índice de precios al consumidor (IPC) representa el parámetro técnico vigente que otorgaba previsibilidad al sector privado. La implementación de un porcentaje superior introduce criterios políticos que generan incertidumbre en la planificación presupuestaria de los sectores económicos que requieren certezas. Los actores del mercado requieren reglas claras y estables para mantener el clima de negocios positivo en el país tras años de disciplina técnica.
Evolución histórica de los ajustes y la ruptura de la tradición
Paraguay mantenía un esquema donde se ajustaba el salario mínimo cada vez que la inflación acumulada alcanzaba el 10%. Debido a una inflación anual del 3% el ajuste se realizaba en promedio cada 36 meses bajo aquel sistema anterior. Este esquema cambió años atrás hacia un ajuste anual basado en la inflación acumulada de los 12 meses previos a la decisión.
El especialista definió como una tradición el respeto a este criterio técnico uniforme aplicado por diferentes gobiernos en los últimos periodos. La decisión de aplicar el doble del índice inflacionario oficial introduce una ruptura en la conducta previsible de la administración central estatal. Esta modificación del mecanismo de cálculo genera dudas sobre cuál será el criterio político aplicable en los futuros ejercicios fiscales.
Impacto directo en la estructura de costos y pequeñas empresas
El aumento salarial beneficia a un 8% de la fuerza laboral nacional que percibe el sueldo base mensual en el mercado formal. La modificación afecta además a los impuestos municipales, multas y diversos tributos que están expresados en jornales mínimos vigentes en todo el país. Las pequeñas y medianas empresas soportarán un golpe directo en sus estructuras de costos operativos tras la medida dispuesta por el Gobierno.
El tejido económico paraguayo está compuesto en un 95% por pymes que enfrentan desafíos para absorber nuevos incrementos salariales sin trasladar costos. La previsibilidad económica constituye un activo fundamental para la atracción de inversiones y la expansión del empleo formal privado en la nación. El criterio técnico aplicado anteriormente evitaba distorsiones subjetivas en la fijación de remuneraciones dentro del sector privado formal de la economía.
Deficiencias técnicas en el mecanismo de medición inflacionaria
El sistema actual de medición de la inflación utiliza una canasta de 450 productos diseñada mayormente para el consumo de la clase media. El componente de alimentos posee una inflación mucho más alta que el índice general ponderado por el Banco Central del Paraguay. Una familia de bajos ingresos destina una mayor proporción de su presupuesto mensual a la compra de productos básicos y alimentos esenciales.
La creación de canastas diferenciadas según el segmento socioeconómico permitiría reflejar con exactitud la pérdida de poder adquisitivo real de los trabajadores. Países como Brasil emplean mecanismos segmentados para medir el costo de vida de acuerdo a los distintos estratos de ingresos familiares. El ajuste del sueldo mínimo debe basarse en indicadores que capten la realidad del consumo de los trabajadores de bajos ingresos.
Competitividad económica y productividad laboral como soluciones
El crecimiento económico sostenido del 6% registrado desde el año 2024 marca una etapa de desarrollo productivo nacional muy relevante. La llegada de empresas brasileñas bajo el régimen de maquila dinamiza la creación de nuevos puestos de trabajo formales y sostenibles. La competencia por captar trabajadores capacitados impulsará mejores salarios de forma orgánica mediante la productividad y no mediante decretos de ley.
Las políticas públicas deben enfocarse en incentivar la generación de empleo digno para reducir el impacto del contrabando y el subempleo. El desarrollo económico permitirá equilibrar la capacidad adquisitiva de las familias mediante el aumento progresivo de la productividad laboral y sectorial. La estabilidad macroeconómica garantiza que las empresas puedan proyectar sus operaciones con un horizonte de tiempo claro para la inversión.