En un análisis del escenario laboral y económico, el actual debate por el reajuste del salario mínimo en Paraguay ha encendido todas las alarmas en el sector técnico y empresarial. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), que es el órgano tripartito encargado de definir de manera oficial este tema, se encuentra en una intensa fase de un estudio riguroso. Sin embargo, las altas pretensiones de las centrales obreras chocan de frente con la dura realidad macroeconómica paraguaya y con las limitaciones legales previamente establecidas.
El ingeniero Enrique Vidal, representante del sector patronal ante la Conasam, en comunicación con el programa “La Pelu” de la Tribu 650 AM, fue muy categórico al analizar la situación actual. Según explicó de forma tajante, la ley es clara y no deja margen para tomar decisiones arbitrarias, los ajustes salariales deben regirse siempre y estrictamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que emite diariamente el Banco Central del Paraguay (BCP). El citado indicador, que está siendo auditado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), refleja una inflación muy baja que ronda cifras mínimas.
Esto desarticula totalmente el pedido sindical de elevar de un golpe el sueldo básico a G. 4.700.000. Un incremento de esta magnitud representa un salto de grandes proporciones, algo que es “irreal y utópico”, en comparación al monto que está ahora vigente, dijo Vidal.
El trasfondo de este masivo reclamo, según reconoce el ingeniero, radica mayormente en graves deficiencias estructurales que merman y disminuyen el poder adquisitivo real de los trabajadores. La total falta de un buen sistema de salud pública eficiente y las muchas carencias del transporte en las calles obligan a todas las familias a destinar una porción gigante de sus ingresos a servicios. Utilizar la herramienta del salario básico para intentar solucionar estas graves fallas del Estado podría generar desastrosas consecuencias, ya que la suba de sueldos se traduciría en una inflación.
Impacto fulminante en el índice de pobreza
El duro impacto de un aumento irracional y no planificado sería verdaderamente letal para la inmensa mayoría ciudadana. En el país, la mayor parte de la población trabajadora está sumida en una total informalidad y gana por debajo del sueldo básico. Si se sube el salario para beneficiar a solo un 15% formal, se encarece el costo de vida general y se empobrece de inmediato a los demás. A nivel nacional existen 135 ítems directamente indexados al salario. El salto abrupto encarecería las multas, tasas y destruiría el grado de inversión logrado tras muchos años de intenso trabajo, enfatizó.
Salario mínimo: CUT rompe mesa y exige 20%
La discusión por el reajuste del salario mínimo en Paraguay entró en fase crítica. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) retiró a sus delegados de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), desatando un conflicto con el sector empleador. El quiebre se produjo porque los empresarios se negaron a debatir cualquier incremento que supere el piso de la inflación oficial.
Aldo Snead, titular de la CUT, indicó para el programa “Espresso informativo” de La Tribu 650 AM, que el cálculo del Banco Central del Paraguay (BCP) no refleja la dura realidad obrera. El sector sindical exige un reajuste del 20%, equivale a G. 640.000 adicionales al sueldo base; control de precios, para frenar el constante alza en los productos de la canasta básica, así como la revisión de tributos, evitando que la suba salarial dispare los impuestos vigentes.
“Reajustar G. 61.000 es una burla, una bofetada a los trabajadores”, sentenció el dirigente sindical. Según estudios económicos del gremio, el poder adquisitivo sufre una degradación histórica; actualmente, el 70% de los ingresos mensuales se destina en exclusividad a la alimentación. Por esta falta de cintura, la CUT considera que la Conasam resulta una institución “totalmente inservible”.
Al abandonar las negociaciones, la central remitió una misiva al Palacio de López pidiendo una urgente audiencia presidencial. El objetivo es lograr un diálogo político que destrabe la crisis antes del 15 de junio, fecha tope para enviar el dictamen final. Si no hay un acuerdo que logre recuperar el verdadero poder adquisitivo, la central sindical convocará a un congreso para definir prontas medidas de fuerza a nivel nacional.