El Instituto de Previsión Social (IPS) y la Corte Suprema de Justicia iniciarán una mesa de trabajo para analizar el creciente impacto de los amparos judiciales en las finanzas de la previsional. La decisión fue adoptada tras una reunión entre el presidente del IPS, Isaías Fretes, y el titular de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón.
Fretes explicó que los amparos representan actualmente una erogación superior a G. 11.000 millones y advirtió que muchas de esas obligaciones no están contempladas dentro del presupuesto institucional.
“Estamos hablando de una suma muy importante para una institución que está mal económicamente”, señaló. Agregó que uno de los principales desafíos es encontrar mecanismos que permitan responder a las necesidades de los pacientes sin generar conflictos legales o financieros para la previsional.
“Vamos a organizar un grupo multidisciplinario para trabajar sobre esto y manejar esta situación dentro de un marco legal que también beneficie a las personas que necesitan estas prestaciones”, afirmó.
Por su parte, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, sostuvo que la institución cumple con las prestaciones que corresponden a sus asegurados, pero planteó la necesidad de debatir el alcance de las responsabilidades estatales en los casos que llegan a la vía judicial.
Indicó que existen situaciones en las que se ordenan tratamientos o coberturas cuya financiación recae exclusivamente sobre la previsional, pese a involucrar cuestiones que, a su criterio, deberían ser abordadas de manera conjunta con otras entidades públicas.
Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron impulsar una mesa técnica integrada por representantes del Poder Judicial, el IPS, el Ministerio de Salud Pública y universidades con hospitales universitarios.
El objetivo será elaborar propuestas que permitan compatibilizar la protección del derecho a la salud con la sostenibilidad financiera de los organismos encargados de prestar los servicios.