El borrador se ha trabajado sobre todo con Moscú, mientras Kiev y las capitales europeas han quedado al margen.
En lo territorial, el texto promete que la soberanía ucraniana será “confirmada”, pero acto seguido establece que Crimea, Lugansk y Donetsk pasarán a ser reconocidas como territorio ruso, incluso por Estados Unidos, y no solo en las zonas ocupadas, sino en la totalidad de estos óblasts. Ucrania debería renunciar también a áreas que aún controla. En Zaporiyia y Jersón, la línea de frente actual se fijaría como frontera definitiva: Rusia conservaría ciudades clave como Mariúpol o Melitópol y solo devolvería pequeños fragmentos ocupados en Járkov y Sumy.
En parte de Donetsk bajo control ucraniano se crearía una zona “desmilitarizada” que seguiría siendo soberanía rusa. Sobre el papel sería una franja de seguridad; en la práctica, más territorio perdido confiando en promesas ya incumplidas. Como compensación, Ucrania podría seguir usando el río Dniéper para exportar grano, pero con la desembocadura en manos rusas cualquier bloqueo quedaría a discreción del Kremlin. La central nuclear de Zaporiyia también seguiría en manos rusas y la electricidad se repartiría al 50%, recortando una fuente clave de energía para la reconstrucción.
El segundo bloque aborda la seguridad. Ucrania tendría que reformar su Constitución para prohibirse el ingreso en la OTAN. La propia alianza vetaría su adhesión y se impediría la entrada de tropas aliadas incluso para maniobras. La opción de una fuerza internacional de estabilización quedaría descartada.
El plan obliga además a abrir un diálogo formal entre Rusia y la OTAN sobre “problemas de seguridad”, con Estados Unidos como mediador. Eso supone aceptar la tesis rusa de que la expansión de la alianza ha sido una amenaza y limitarla. La OTAN no podría ampliarse a ningún país que Moscú considere dentro de su “zona de seguridad”, mientras Rusia promete no invadir a sus vecinos, una garantía que recuerda al Memorándum de Budapest y a sus límites.
En paralelo, se mencionan por primera vez “garantías de seguridad” para Ucrania por parte de Estados Unidos. No se detalla su contenido, pero sí que Washington sería “compensado” por ofrecerlas. Kiev pagaría por unas garantías cuyo grado real de compromiso militar resulta incierto.
El tercer pilar es político-económico. Rusia sería reintegrada en la comunidad internacional: se levantarían sanciones, se cerrarían los procesos por crímenes de guerra, Moscú volvería al G8 y se abriría la puerta a grandes negocios. Rusia aportaría 100.000 millones de dólares de sus activos congelados a un fondo de reconstrucción de Ucrania liderado por Estados Unidos. No sería una indemnización, sino una inversión: Moscú conservaría parte de la propiedad de los activos creados en territorio ucraniano y Washington se quedaría con el 50% de los beneficios sin poner un solo dólar de capital.
Europa tendría que añadir otros 100.000 millones, seguir financiando la ayuda humanitaria y contribuir a la seguridad futura de Ucrania, mientras acepta que Estados Unidos se reserva un acceso preferente a los negocios en el país y a los acuerdos económicos con Rusia.
¿Y qué obtiene Ucrania? Un plan de reconstrucción financiado sobre todo por Europa y Rusia, cierta preferencia para ingresar en la Unión Europea y acceso al mercado europeo en el corto plazo.
En conjunto, el documento recoge las demandas clave de Vladimir Putin: cesiones territoriales amplias, reconocimiento implícito de una esfera de influencia rusa, veto permanente a la OTAN, reintegración económica rápida y refuerzo de su relato sobre la guerra. Más que un plan de paz equilibrado, se trata de un ultimátum que coloca a Kiev ante un dilema extremo: aceptar una paz que se parece demasiado a una derrota o seguir combatiendo con un apoyo internacional cada vez más condicionado.