Nueva Delhi (EFE). El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladés (ICT, por sus siglas en inglés) condenó este lunes a pena de muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina por considerarla culpable de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas del 2024, que culminaron con su dimisión e huida a la India.
La que fue la figura más poderosa del país durante más de una década se enfrenta ahora a un escenario político y jurídico marcado por la incertidumbre, sin precedentes en la historia de Bangladés.
Hasina, de 78 años e histórica líder de la Liga Awami, dimitió en agosto del 2024 tras un levantamiento estudiantil que denunció abusos y corrupción. Las protestas fueron duramente reprimidas, causando alrededor de 1.500 muertos según la ONU.
Desde entonces, permanece exiliada en India, mientras un Gobierno interino liderado por Muhammad Yunus asumió el poder. Crímenes de lesa humanidad la ex primera ministra ha sido este lunes condenada por crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas del 2024, incluyendo las acusaciones por organización de asesinatos masivos de manifestantes, el uso de fuerza letal desde tierra y aire, el asesinato de personas concretas y la coordinación de persecuciones en distintas zonas.
Por la primera acusación, fue condenada a cadena perpetua tras ser hallada culpable de incitación, orden de asesinatos e inacción para prevenir las atrocidades y no tomar medidas contra los responsables.
En la segunda, se la consideró responsable de crímenes de lesa humanidad por ordenar ataques con drones, helicópteros y armas letales, por lo que recibió la pena de muerte. El líder del Gobierno interino, Muhammad Yunus, subrayó que la condena evidencia un principio fundamental: “Nadie, independientemente de su poder, está por encima de la ley”. India tiene un papel clave. El futuro de Sheikh Hasina ahora depende de una palabra: extradición.
Y en ese proceso la India tiene un papel clave, ya que es el país donde la exmandataria permanece exiliada desde agosto del 2024 y el único que puede decidir si será entregada o no a la justicia bangladesí. Horas después de la sentencia, el Gobierno interino de Bangladés pidió formalmente a la India la “entrega inmediata” de Sheikh Hasina y de su colaborador Asaduzzaman Khan Kamal, también condenado a pena de muerte.
Nueva Delhi en ese momento reafirmó su “compromiso con el pueblo bangladesí”, aunque sin pronunciarse directamente sobre el futuro de Hasina, lo que ha colocado a la India en una posición diplomática delicada.
La India y Bangladés cuentan desde el 2013 con un tratado de reciprocidad en materia de extradición, pero su aplicación no es automática. “La reciprocidad varía de un país a otro y entre un país y otro”, explica la abogada del Tribunal Supremo de la India, Jasmine Damkewala. Según la jurista, “una lectura detenida de la legislación revela que el acuerdo recíproco no se aplica en casos de delitos políticos y en este caso las acusaciones contra la ex primera ministra entran en esa categoría”. Por ese motivo, la India no estaría obligada a entregarla y Hasina podría incluso solicitar asilo, según Damkewala. La abogada añade que ningún agente extranjero puede detener a alguien en territorio indio y que cualquier procedimiento tendría que pasar por canales diplomáticos formales, desde la Alta Comisión hasta un análisis jurídico del tratado y de los cargos presentados. “Hasta que este examen determine si los delitos imputados son políticos -como sostiene también el propio Alto Comisionado de India en Daca- la exmandataria puede seguir residiendo legalmente en el país”, concluyó.