La destitución de Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente” y la asunción del presidente interino José Enrique Jerí marcan un nuevo capítulo en la inestabilidad política de Perú, que en menos de una década suma ya siete mandatarios.
EFE/La Tribuna. El Congreso aprobó la vacancia con 122 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, luego de semanas de protestas sociales, acusaciones de corrupción y pérdida del apoyo de los partidos de derecha.
El gobierno de Estados Unidos fue el primero en pronunciarse tras la crisis, reafirmando su compromiso de “trabajar de manera productiva” con Jerí y acompañar las prioridades del país, especialmente la organización de las elecciones generales previstas para 2026. En un comunicado, la Oficina estadounidense para el Hemisferio Occidental destacó los casi dos siglos de relación bilateral y manifestó su respaldo a la estabilidad, seguridad e instituciones democráticas del Perú.
Jerí, de 38 años, asumió la banda presidencial durante la madrugada del viernes y llegó al Palacio de Gobierno entre una gran expectación mediática. Hasta ese momento era presidente del Congreso, cargo al que había accedido en agosto, y asumió la jefatura del Estado por sucesión constitucional, ya que el país no contaba con vicepresidentes tras la salida de Boluarte, quien a su vez había reemplazado al destituido Pedro Castillo en 2022.
El nuevo mandatario inició su gestión reuniéndose con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el fiscal general interino, Tomás Gálvez; y el vicepresidente del Congreso, Ilich López, con el fin de ratificar los acuerdos de la última mesa multisectorial por la seguridad. En el encuentro, Jerí subrayó que su gobierno priorizará la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las unidades de flagrancia, para dar respuestas más rápidas y coordinadas ante la ola de violencia que afecta al país.
Horas antes, el presidente interino también había convocado a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con quienes analizó un plan conjunto para “declarar la guerra a las bandas criminales y devolver la seguridad a las calles”. En su primer mensaje, reconoció que los ciudadanos “claman atención y justicia”, y prometió iniciar “una etapa de reconciliación nacional basada en la ley y el respeto mutuo”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la crisis institucional y llamó al respeto del Estado de Derecho, en tanto que diversas cancillerías latinoamericanas pidieron mantener la estabilidad democrática y garantizar el proceso electoral de 2026.
Sin embargo, mientras Jerí intenta consolidar su legitimidad, el malestar social sigue latente. En Lima, un grupo de familiares de las 49 víctimas de la represión durante las protestas de 2022 y 2023 se manifestó frente al Palacio de Justicia exigiendo “cárcel para Boluarte y sus cómplices”, además del cierre del Congreso.
Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Masacrados, denunció la falta de justicia y recordó que su hermano, el médico Marco Antonio Samillán, fue asesinado en Ayacucho mientras auxiliaba a un herido durante las manifestaciones. “Nos reprimieron con balas y bombas lacrimógenas, y hasta hoy no hay responsables”, expresó durante el plantón.
Las pancartas con los nombres de las víctimas de Ayacucho, Puno, Junín y Apurímac acompañaron la protesta, que reflejó el profundo desencanto ciudadano con la clase política. “Estos señores blindaron a Boluarte durante años y ahora la destituyen por moral, cuando ellos mismos son los inmorales”, gritó Yovana Mendoza, otra manifestante, en referencia a los partidos que apoyaron a la expresidenta y luego votaron en bloque por su salida.
Boluarte, que asumió el poder tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, se había convertido en la presidenta más impopular de América Latina, con apenas un 3 % de aprobación, según diversas encuestas. Su caída fue interpretada por analistas como un intento del Congreso por reconfigurar el escenario político de cara a los comicios de 2026, donde varios de los actuales legisladores buscarán posiciones presidenciales.
El nuevo jefe de Estado, José Jerí, deberá ahora enfrentar una doble tarea: recuperar la confianza ciudadana y estabilizar la economía en un país donde la inseguridad, el descrédito institucional y la fatiga social se han convertido en norma. Su mandato interino se perfila como una transición compleja, en la que el apoyo de Washington y de los organismos internacionales podría ser clave para evitar un nuevo colapso político.
En un contexto de volatilidad regional, la situación peruana también despierta atención en países vecinos como Paraguay, cuyo gobierno observa con cautela los efectos de la crisis sobre el comercio y la estabilidad democrática en Sudamérica. Las interrupciones políticas recurrentes en Lima repercuten en los foros regionales y en los flujos económicos, recordando que la fragilidad institucional de un país andino puede tener eco en toda la región.