A la espera de la audiencia de sentencia programada para este miércoles 27 de mayo, la familia de Matthew Perry presentó una serie de declaraciones de impacto emocional ante la jueza federal Sherilyn Garnett. En los documentos, la madre y las hermanas del actor expusieron el dolor y la sensación de traición que experimentaron tras conocer los detalles de la investigación del Departamento de Justicia sobre la muerte del artista, ocurrida el 28 de octubre de 2023.
Kenneth “Kenny” Iwamasa, exasistente personal de Perry, se declaró culpable del cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte. Según las autoridades, Iwamasa administró la droga al actor en diversas ocasiones sin tener formación médica, incluyendo varias inyecciones el mismo día en que el protagonista de Friends fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Pacific Palisades, California.
En los escritos presentados el último 20 de mayo, Madeline Morrison, hermana del intérprete, afirmó que sintió que su hermano había “muerto de nuevo” al descubrir la verdad. Señaló que el exasistente mantuvo un comportamiento inquieto durante los días posteriores al deceso y que repetía su versión de los hechos constantemente sin que nadie se la solicitara.
Además, recordó con indignación que Iwamasa tomó la palabra durante el funeral del actor, mientras ocultaba su culpabilidad. “La persona responsable de la muerte de mi hermano se puso de pie y se dirigió a quienes más lo querían. No solo le arrebató la vida a mi hermano, sino que manchó nuestros últimos recuerdos de despedida”, expresó.
Por su parte, Caitlin Morrison presentó una declaración por separado donde sostuvo que, independientemente de si la sobredosis fue accidental o no, las acciones posteriores de Iwamasa fueron imperdonables. Manifestó que, al salir de la casa, el acusado huyó o abandonó deliberadamente a una persona vulnerable. “No inventaría una historia para encubrir mis actos. No intentaría extorsionar a una madre cuyo primogénito perdió la vida por mi culpa”, indicó.
Suzanne Morrison, madre de Perry, también entregó una carta al tribunal. En el texto, cuestionó severamente el rol del exempleado, cuya principal responsabilidad, según detalló, era proteger a su hijo en su lucha contra las adicciones y asegurarse de que se mantuviera libre de drogas.
La fiscalía federal, que sostiene que el exasistente conspiró con una red para obtener y distribuir la sustancia de forma ilegal, recomendó para Iwamasa una condena de 41 meses de cárcel y tres años de libertad supervisada. De acuerdo con los documentos judiciales, enfrenta una pena máxima legal de hasta 15 años de prisión.