Uruguay aplica por primera vez la eutanasia legal tras reglamentación de la ley de muerte digna

Una paciente de 69 años con cáncer terminal se convirtió en la primera persona en acceder al procedimiento legal en Uruguay, marcando un hecho histórico para el sistema sanitario y el debate sobre el derecho a morir dignamente en América Latina.

| Por Elias Torres
El procedimiento de eutanasia legal se realizó en el Hospital Policial de Montevideo, marcando un hecho histórico para el sistema sanitario uruguayo tras la reciente reglamentación de la Ley de Muerte Digna.

Uruguay concretó este viernes la primera eutanasia legal de su historia, apenas un mes después de la entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley de Muerte Digna. El procedimiento fue realizado en el Hospital Policial de Montevideo a una mujer de 69 años que padecía un cáncer de páncreas avanzado con metástasis pulmonar, renal y hepática.

La paciente, cuya identidad permanece en reserva por pedido de la familia y de acuerdo con los protocolos de privacidad establecidos por las autoridades sanitarias uruguayas, había tomado la decisión de acceder a la eutanasia desde enero pasado. Según reportes médicos y medios locales, se encontraba internada desde hacía diez días y ratificó formalmente su consentimiento días antes del procedimiento.

La intervención médica estaba prevista para las 11:00 de este viernes y se convirtió en un hecho histórico tanto para Uruguay como para la región, ya que el país pasa a consolidarse como el tercero de América Latina en aplicar la eutanasia legalmente, después de Colombia y Ecuador.

Un proceso respaldado por la nueva ley

La legislación uruguaya fue aprobada el 15 de octubre de 2025 bajo el nombre de Ley de Muerte Digna y posteriormente reglamentada el 15 de abril de este año por el presidente Yamandú Orsi, habilitando oficialmente su aplicación dentro del sistema de salud.

La normativa permite acceder al procedimiento a personas mayores de edad que se encuentren psíquicamente aptas y atraviesen enfermedades incurables, irreversibles o sufrimientos considerados insoportables. Además, establece un protocolo estricto que contempla evaluaciones médicas, segundas opiniones profesionales y la posibilidad permanente de revocar la decisión.

El procedimiento comienza con una solicitud escrita del paciente ante un médico responsable, quien debe corroborar que la decisión sea libre, consciente e informada. Posteriormente interviene un segundo especialista encargado de confirmar el diagnóstico y verificar que se cumplan las condiciones exigidas por la ley.

En caso de discrepancias entre ambos profesionales, la situación pasa a una Junta Médica integrada por especialistas en psiquiatría, cuidados paliativos y la enfermedad que padece el paciente.

Preparación sanitaria y debate regional

Detrás de la primera aplicación legal de la eutanasia hubo meses de preparación institucional y sanitaria. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay conformó equipos técnicos y farmacológicos específicos para adaptar el sistema a la nueva normativa.

Federico Preve, diputado e impulsor de la ley, señaló que las instituciones médicas trabajaron “con mucha seriedad y cautela” para garantizar tanto el derecho de los pacientes a solicitar la eutanasia como el derecho de los profesionales a ejercer objeción de conciencia.

La paciente, madre de seis hijos (dos de ellos adoptados), se encontraba bajo cuidados paliativos y había decidido interrumpir los tratamientos oncológicos en los últimos meses debido al avance irreversible de la enfermedad.

Un tema que reabre el debate ético y médico

La primera eutanasia legal en Uruguay vuelve a instalar en el centro del debate regional las discusiones éticas, médicas y jurídicas sobre el derecho a decidir en etapas terminales de enfermedades incurables.

Mientras sectores vinculados a derechos humanos y autonomía personal consideran la medida como un avance en materia de libertad individual y dignidad humana, otros grupos mantienen cuestionamientos éticos y religiosos sobre la práctica.

Con esta primera aplicación oficial, Uruguay abre una nueva etapa en su sistema sanitario y se suma al reducido grupo de países latinoamericanos que regulan legalmente la muerte médicamente asistida.

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