ENCARNACIÓN. La mañana de este lunes, la tensión se apoderó de la frontera. Más de un centenar de trabajadores informales, conocidos localmente como “paseros”, bloquearon el acceso al puente internacional San Roque González de Santa Cruz, impidiendo totalmente el tránsito automotor entre Encarnación y la ciudad de Posadas.
La medida de fuerza, que se extendió desde las 10:00 horas hasta el mediodía, fue impulsada como protesta ante lo que los manifestantes califican como “malos tratos” y discriminación por parte de los funcionarios aduaneros de Argentina.
Según denunciaron los paseros paraguayos, mientras ellos son sometidos a controles exhaustivos y agresiones verbales, los agentes argentinos muestran una actitud mucho más permisiva con los trabajadores informales de su misma nacionalidad.
Impacto comercial en un día clave
El bloqueo fronterizo generó un fuerte impacto en el flujo normal del viaducto internacional y representó un duro golpe para el comercio local encarnaceno. El corte se produjo en una jornada estratégica en la que el sector comercial esperaba una afluencia masiva de turistas y compradores del país vecino, quienes buscaban aprovechar el día feriado en Argentina.
Los trabajadores señalaron que este clima de hostilidad y los estrictos controles aduaneros tendrían su raíz en un malestar generalizado dentro del funcionariado argentino. Esto responde a una profunda investigación penal que actualmente sacude a los organismos de control fronterizo en la cabecera de Posadas.

La causa, dirigida por la jueza federal de Posadas, Verónica Skanata, mantiene bajo proceso a una gran cantidad de personas vinculadas al paso fronterizo, entre ellos 24 efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina; 22 funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Argentina y 25 “paseros”.
La investigación se originó en el año 2022 a partir de una denuncia interna de la propia Gendarmería. Como parte de los avances del caso, entre el lunes 16 y el martes 17 de marzo, las autoridades argentinas ejecutaron 38 allanamientos en diversos puntos de Posadas.
Los operativos incluyeron la sede del Escuadrón 50 de la Gendarmería, las oficinas de la Aduana y varios domicilios particulares de los funcionarios implicados. Pese a la magnitud de las intervenciones, hasta el momento las autoridades argentinas no han reportado detenciones formales.


