En la mañana de este jueves se dio inicio a una jornada decisiva en el juicio oral y público contra tres expolicías del régimen de Alfredo Stroessner. Según anunciaron representantes del grupo de víctimas de la dictadura, se prevé que el Tribunal de Sentencia emita su veredicto final en el transcurso del día.
Los acusados son los exuniformados Eusebio Torres, Fortunato Laspina y Manuel Crescencio Alcaraz, quienes enfrentan cargos por torturas sistemáticas perpetradas en el año 1976.
Pedidos de pena máxima
El Tribunal que juzga la causa está integrado por los jueces Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza. Por su parte, la representante del Ministerio Público, la fiscala Sonia Sanguinés, ratificó la solicitud de penas elevadas que había presentado en diciembre pasado.
La Fiscalía solicitó 30 años de prisión para Eusebio Torres y Fortunato Laspina. Esta petición se fundamenta en que ambos acusados ya cuentan con condenas anteriores por crímenes similares, lo cual actúa como agravante. Para Manuel Crescencio Alcaraz, quien no posee antecedentes penales previos, se solicitó una pena de 25 años de privación de libertad.
El contexto: Operativo Cóndor y clandestinidad
Los hechos juzgados se remontan al 2 de diciembre de 1976, en plena vigencia del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
Según lo expuesto en el juicio, la víctima, quien ya había huido a Argentina debido a la persecución política que sufría su familia, fue detenida en el país vecino. Posteriormente, fue trasladada de manera clandestina a Paraguay en un vehículo conducido por funcionarios paraguayos, sin pasar por procesos legales de extradición.
Al llegar a Asunción, la víctima fue ingresada directamente al Departamento de Investigaciones de Delitos, donde fue sometida a torturas sistemáticas desde su arribo. Permaneció detenida ilegalmente en dicha dependencia durante un año, para luego ser trasladada al penal de Emboscada, donde estuvo recluida otro año más.
Pruebas contundentes
La parte acusadora destacó la solidez del trabajo probatorio realizado durante el proceso. Según la Fiscalía, tanto la materialidad del hecho como la autoría de los ex policías han quedado plenamente demostradas.
Entre las evidencias presentadas destacan las declaraciones testificales y, fundamentalmente, las pruebas documentales halladas en el Archivo del Terror. Estos documentos corroboran el ingreso clandestino de la víctima y su permanencia en las dependencias policiales bajo el mando de los acusados.
Se aguarda ahora la deliberación de los jueces Escobar, Hermosilla y Mendoza para conocer el futuro judicial de los tres acusados.