El extitular de la comuna sampedrana, Gustavo Rodríguez habría ocasionado un perjuicio patrimonial de 2.188.522.533 guaraníes en varias supuestas irregularidades que fueron detectadas por la propia Contraloría General de la República.
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Paublino Escobar, Arnulfo Arias y Camilo Torres, confirmó la resolución del juez Penal de Garantías, Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien resolvió la elevación a juicio oral y público la causa por lesión de confianza, del exintendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez y los otros acusados, Rubén Alder Leguizamón, José Luis Baruja y Diego Armando Espínola Olmedo, acusados por un presunto perjuicio de 2.188.522.533 guaraníes.
El abogado defensor, Derlis Flores Mendoza planteó la improcedencia de la reapertura de la causa por considerar extinguida la acción penal, alegando que la solicitud fue presentada fuera del plazo legal.
En octubre del 2023, a pedido de la fiscal Alma Zayas, el juez Humberto Otazú sobreseyó provisionalmente al exintendente sampedrano ya que aún faltan 31 diligencias por realizarse, como pericias, declaraciones testificales, pedido de informes. Sin embargo, en octubre del año pasado, el caso volvió a reabrirse y el 20 de mayo del 2025, el magistrado de Garantías elevó la causa a juicio oral, pese al pedido de sobreseimiento definitivo del abogado defensor Derlis Flores Mendoza.
La mencionada causa es por supuestas irregularidades en el período del 2021 - 2022 durante la gestión de Rodríguez, en las que se mencionan varias deficiencias encontradas en construcciones pagadas con fondos del Fonacide, cheques cobrados por funcionarios municipales sin documentación que respalde el uso de los fondos, la emisión de cheques de construcción sin respaldo documental.
Entre otras deficiencias, se detectaron pagos por valor de G. 12.693.000 en concepto de adquisición de bienes y servicios que tampoco contaban con la documentación fiscal. Además, Rodríguez firmó cinco contratos con una empresa constructora, cuyos trabajos quedaron inconclusos y en estado de abandono.
La intervención a la gestión del aquel entonces intendente Gustavo Rodríguez se inició en el año 2022, tras una denuncia realizada por siete concejales de la oposición con respecto a las mencionadas obras inconclusas y en estado de abandono. En aquel momento, la Contraloría General de la República (CGR) encontró un faltante de G. 2.000.000.000 en la administración municipal.