Las distintas ciudades del país precisan de la corresponsabilidad activa de cada uno de sus habitantes. No todo pasa por la exigencia –únicamente– a las autoridades comunales, pues también está la carga del deber personal para proyectar, con alguna certeza, la convivencia con estándar de bienestar.
Cada vecino, dentro de su respectivo distrito, tiene que poner su cuota de parte. Es necesario agregar la participación individual, hasta como parte de grupos organizados, en la objetiva supervisión de la gestión pública.
La vida en comunidad, ciertamente, parte del respeto y en el cumplimiento en proporciones iguales de los derechos y las obligaciones. La limpieza, por dar un ejemplo, se blinda cuando no se ensucia el ambiente, por más que la recolección de residuos sea parte de las tareas de los municipios.
El cumplimiento de normativas no necesariamente debe pasar por el peso cohercitivo de las multas. El respeto a las leyes de tránsito no requiere la intimidación del agente encargado. Cuidar de los parques, calles y plazas también son competencias naturales de los ciudadanos.
El interés por lo colectivo se inicia en la elección de los jefes comunales y sus respectivos cuerpos de concejales. Aunque primeramente se debe conocer las propuestas de los candidatos para luego incidir y tratar de influir en las decisiones de la ciudad.
Se percibe que aún falta avanzar en hechos elementales, como es la separación de la basura en origen, entre orgánicos e inorgánicos, siendo el reciclado otra actividad que merece la debida atención.
Aunque suene como una función de los órganos de seguridad, un vecindario en alerta ayuda a enfrentar el vandalismo y evitar daños a la infraestructura pública y privada.
En fin, esa militancia ciudadana en pro del bien común legitima el derecho a la petición de rendición de cuentas, monitoreo del uso de los impuestos y la gestión de los proyectos municipales, y, en conjunto, posibilitará ciudades más saludables y aptas para el trato diario en comunidad.
EL SEMÁFORO DE LA TRIBUNA
Verde:
Riesgo país en mínimo histórico
Paraguay alcanzó un EMBI de 99 puntos básicos, el nivel más bajo de su historia. El dato fortalece la narrativa de confianza internacional, disciplina fiscal y menor costo de financiamiento. Es un tema verde porque permite mostrar que el país gana reputación económica en un contexto regional complejo.
Amarillo:
Proyecto de divorcio exprés, postergado
El Senado volvió a postergar el proyecto de divorcio exprés. La discusión ya no es solo jurídica: también entran presión religiosa, costos judiciales y libertad civil. Es amarillo porque el tema puede escalar en debate social y político si se percibe que el Congreso legisla bajo presión externa.
Rojo:
IPS-Atlas y G. 828.800 millones cuestionados
El caso del fideicomiso IPS-Atlas con la explicación de Hugo Royg sobre la rigidez de estos contratos. Royg sostuvo que si no se cumplen reglas o faltan documentos, el banco debía negarse o pedir aclaraciones. Es rojo porque el fideicomiso estaba diseñado para hospitales y hoy exige investigación sobre trazabilidad, controles y destino de fondos.