La calidad democrática se dificulta por la falta de políticas de Estado (hablamos de eso ayer). Ejemplificamos con gobiernos que paralizan las obras de bien común por el simple hecho de que las inició la administración anterior. Hoy tocamos el perjuicio, golpe, institucional causado por quienes buscan colocar al Poder Judicial como objeto de defensa o ataque, llevándolo hacia un lado u otro, cuando están o no de acuerdo con una investigación fiscal.
Encaramos ambos temas (el de ayer y el de hoy) con el ánimo de colaborar porque una de las competencias, prioridades, de los medios de prensa es el deber de fomentar la institucionalidad. Además, se sabe que ninguna sociedad podrá ganar prosperidad consolidada sin políticas de Estado, menos aún pretendiendo ubicar a la Justicia como instrumento maniatado de un extremo a otro, de acuerdo a la circunstancia.
En los dos casos mencionados, los protagonistas principales son los políticos. ¡Eso es triste! Pues ellos deben ser los primeros en asumir que la institucionalidad es la columna vertebral de la democracia. Sin embargo, dicen una versión cuando son parte del gobierno y otra distinta cuando operan como opositores.
Ese proceder ambivalente, uno puede presumir que lo hacen por ignorancia, aunque a decir verdad es -mayormente- por conveniencia. El objetivo es tratar de sacar ventajas. No les importa el deterioro institucional que puedan acarrear sus acciones y declaraciones. Más aún cuando saben que sus contenidos tendrán espacios en la prensa.
En esa cadena de registros, incluso hasta maliciosos, que ataca la credibilidad, se conspira contra la vigencia de instituciones fuertes. Al respecto, un nuevo episodio ya comenzó, e irá ganando más cabeceras de prensa, con la imputación del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens. No hacemos juicio de valor. Lo mencionamos para ilustrar lo que se viene.
Lo ideal, ante el caso citado, y si en verdad se busca lo diferente, en respeto a la institucionalidad, es hacer la defensa como estipula la ley. Usar la prensa y las redes sociales para degradar nomás a uno de los poderes del Estado, hasta convencido de la razón y la verdad, es ser parte del círculo vicioso.
Una característica en algunos políticos es decir con los hechos: “Estamos en democracia por eso participo de las elecciones”; pero al mismo tiempo, en campaña electoral, los mismos apuntan a que hay o no hay Estado de derecho de acuerdo a la conveniencia. Ciertamente, no puede haber democracia sin Estado de derecho, y sin Estado de derecho, entonces, por lógica, rige la dictadura.
Sin personalizar, ya en términos generales, la Fiscalía, con las imputaciones, solo inicia el proceso penal. La definición de los hechos y la sentencia corresponde al Poder Judicial. En ese tramo, todo investigado debe demostrar su inocencia, pero tampoco su líder político puede empezar su defensa ya desacreditando a las instituciones.
Desconocer la autonomía de los fiscales cuando se cree que no conviene y sí decir que son independientes cuando se vean ventajas es sinuoso. En definitiva, no es saludable para la República que sean los propios políticos quienes hagan el zigzag cuando son parte del gobierno y cuando juegan de oposición. Esas ondulaciones y recodos no fortalecen a las instituciones.