Una de las causas del déficit país es la ausencia de políticas de Estado a favor de la mayoría ciudadana. Es una característica de la democracia iniciada en 1989. Dicha carencia está representada, además de otras, en esa reacción de no continuar o destruir una obra de bien general que comenzó el anterior gobierno. Ese flagelo termina incidiendo en la calidad de vida de la población.
Ese error vuelve al debate al conocerse la imputación del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens. La discusión legal de fondo la dejamos a las partes involucradas, que deberán hacerla en los estrados judiciales. Tomamos el tema por el lado político y social para preguntar qué hubiera pasado si el gobierno que debió seguir con el metrobús se esforzaba en aprovechar la inversión y los trabajos ya realizados.
Corresponde, efectivamente, al Ministerio Público justificar ante el Poder Judicial su sospecha de la comisión de lesión de confianza y daño atribuidos al exsecretario de Estado. Sin embargo, está a la vista de los contribuyentes el perjuicio al Estado, consumado al destruirse la infraestructura ejecutada.
El hecho de que el órgano judicial deba deslindar las responsabilidades no excluye lo veraz en el sentido de que, al asumir el nuevo gobierno, se deshizo de todo lo hecho por su antecesor. Este tenía en su proyecto al metrobús como alternativa para agilizar el tránsito. Lo real es, igualmente, que sigue siendo una tortura entrar y salir a Asunción por la avenida Eusebio Ayala.
Por encima de las opiniones a favor y en contra sobre la obra, sirve como valor agregado señalar que no hubo compasión a ese ciudadano que padece a diario el ida y vuelta, como tampoco hubo reparo de cuidado a los recursos estatales. Observando otros hechos, que están en la memoria de los lectores, en la forma de proceder entre un gobierno y otro, en unos casos ni existieron estándares técnicos mínimos exigibles para dejar sin efecto las obras públicas.
No está muy considerada como prioridad, pero debe decirse que la pobreza y calidad de vida tienen que ver, en porcentaje importante, con eso que el Ejecutivo que asume no continúa las obras iniciadas por la gestión anterior. Hubo casos en que se dejó de lado un bien común, simplemente, porque el otro fue el que lo inició.
La democracia se mantendrá lenta sin la conciencia de que política de Estado es dar seguimientos a tareas que buscan reducir brechas de infraestructura para satisfacer las necesidades sociales. Además, debe tenerse en cuenta que toda obra pública actúa como motor de desarrollo económico y generación de empleo.
Lamentablemente, hay otros sucesos, como el metrobús, donde ni siquiera se midieron los costos de las paralizaciones. ¡Son gastos no recuperados! Incluso en otros hechos vinieron con pérdidas millonarias derivadas por causa de la terminación anticipada de contratos o la suspensión imprevista del suministro de materiales.
El metrobús debe ayudar para advertir que será otra consagración de la necedad si el próximo gobierno que venga en el 2028 deja de lado el Tren de Cercanías, si este es aprobado con el debido rigor exigido. Es otro plan en ciernes que tiene como objetivo hacer más saludable la entrada y salida de la ciudad capital.
La interrupción de obras estatales iniciadas por el gobierno anterior es una práctica cuasicomún, que repercute en el bienestar nacional. Revela, es la moraleja que se intenta instalar con el editorial, que la democracia precisa de esa madurez política expresada en planes de Estado que trasciendan los períodos gubernamentales de cinco años.