La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), en su carta pastoral de diciembre de 2025 “Denles ustedes de comer”, define el bien común como acceso digno a bienes básicos y a un Estado al servicio de todos, sobre todo de los pobres. Denuncia la exclusión y la corrupción que desvía recursos públicos, y propone un “pacto nacional por el bien común”. Este texto confronta esas exigencias con el Presupuesto General de la Nación 2026 (PGN 2026) en salud, educación, protección social, ambiente y desarrollo rural.
El PGN 2026 asciende a G. 149,2 billones (USD 18.928 millones), un 12% más que en 2025. Hacienda afirma que prioriza un desarrollo “sostenible e inclusivo” con énfasis en salud, educación, seguridad y protección social, e incorpora más de 10.000 nuevos cargos en sectores “estratégicos”.
En salud, la CEP advierte que la baja inversión y la falta de cobertura universal empobrecen a las familias. El PGN asigna G. 10,17 billones al Ministerio de Salud Pública (2,9% del PIB), además de 100 millones de dólares para el Incan y refuerzos a hospitales regionales. Sin embargo, el acceso sigue fragmentado y las zonas rurales con cobertura débil, por lo que el sistema no alcanza la universalidad reclamada.
La educación, presentada como pilar de equidad, recibe G. 10,38 billones. El MEC tendrá G. 71 mil millones para escalafón docente y G. 280 mil millones para reajuste salarial. Aun así, el presupuesto por alumno ronda los USD 600 al año y persisten deserción, infraestructura deficiente y fuertes brechas entre escuelas urbanas y rurales.
En protección social, la CEP alerta sobre el clientelismo y exige programas que garanticen dignidad sin exclusiones. Hambre Cero en las escuelas suma G. 657 mil millones, elevando en total a G. 2,9 billones para casi un millón de estudiantes. La pensión para adultos mayores agrega G. 383 mil millones y llega a G. 3,2 billones para unos 370.000 beneficiarios. El IPS tendrá G. 13,14 billones (16% más); 80% irá a jubilaciones y pensiones y el resto a salud para 2 millones de asegurados. Pese a estos avances, millones de trabajadores informales y campesinos siguen fuera de la previsión y no se observa el pacto fiscal progresivo que pide la CEP.
En seguridad y justicia, la carta define la corrupción como “negación práctica del bien común”. El PGN agrega G. 564 mil millones a la Policía (5.200 nuevos agentes) y G. 193 mil millones a las Fuerzas Armadas, fortaleciendo el orden público. En cambio, las áreas de justicia penal y control no registran refuerzos equivalentes, en tensión con la demanda de “tolerancia cero” y de instituciones civiles fuertes.
El ambiente, la “casa común”, es uno de los puntos más débiles. El Ministerio del Ambiente (Mades) recibe G. 99.452 millones (USD 12,6 millones), una reducción del 0,23% y apenas 0,07% del presupuesto total. El ministro admite que los fondos son insuficientes para aplicar más de 40 leyes ambientales, mientras los obispos recuerdan que el daño ecológico golpea sobre todo a los pobres.
En desarrollo rural, la CEP denuncia la mala distribución de la tierra y la pobreza campesina. Con una pobreza rural de 28,8% frente al 19,0% urbano, el Ministerio de Agricultura pidió G. 423.563 millones, similar a años anteriores, para créditos, mejoras productivas e infraestructura básica. Inaes e Indert solo registran ajustes menores, por lo que la inversión rural crece poco y la distancia entre campo y ciudad se mantiene, en contraste con el llamado a favorecer a campesinos e indígenas.
En síntesis, el presupuesto 2026 refuerza salud, educación y protección social y suma recursos para hambre escolar, vejez sin ingresos y servicios sanitarios. Pero, frente a la carta pastoral, persisten brechas: limitada cobertura en salud, lentas mejoras educativas, mínima prioridad al ambiente y escaso cambio en el modelo agrario, mientras seguridad y armamento crecen con mayor vigor. La Iglesia propone un “pacto nacional por el bien común” centrado en los pobres; el PGN 2026 envía señales mixtas: sostiene el gasto social, pero no altera las estructuras de desigualdad. El “rostro humano” del presupuesto dependerá de cómo se ejecuten estos recursos y de cuánto se acerquen a los ideales de inclusión y justicia que la CEP plantea.