La reunión tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo terminó sin acuerdo y los sindicatos de transporte ratificaron la huelga general de 48 horas. La medida de fuerza iniciará a partir de la medianoche de este martes y se extenderá hasta el miércoles, afectando a miles de usuarios en un mes de alta actividad comercial. Las autoridades del Gobierno lamentaron la falta de consenso, mientras que los trabajadores acusaron al Viceministerio de Transporte de mentir sobre los alcances de la reforma.
El viceministro de Trabajo, César Segovia, confirmó que el sector sindical se mantuvo firme en su posición de rechazo a tres artículos de la nueva ley de transporte. El funcionario explicó que, aunque el Ministerio buscó la conciliación, las posturas resultaron irreconciliables en esta oportunidad. Segovia instó a ambas partes a respetar el derecho de quienes decidan plegarse a la huelga y de aquellos que opten por trabajar.
Posturas enfrentadas por la reforma del transporte
Emiliano R. Fernández, viceministro de Transporte, calificó la medida como un daño innecesario a la ciudadanía y defendió la constitucionalidad del proyecto. Fernández sostuvo que la ley garantiza que todos los trabajadores pasen de una empresa a otra en caso de cambios en las licitaciones. El viceministro remarcó que la normativa sobre servicios imprescindibles busca proteger el derecho a la movilidad de los ciudadanos, conforme a los criterios de la OIT.
Gerardo Jiménez, representante del sindicato Fetrat, rechazó los argumentos oficiales y calificó la reforma como un atropello a la Constitución Nacional. Jiménez denunció que el Gobierno nunca concedió espacios reales de participación a los trabajadores durante la elaboración del proyecto. El dirigente sindical responsabilizó directamente al Viceministerio de Transporte por las consecuencias de la huelga y solicitó formalmente la destitución de Fernández.
Sindicatos exigen veto presidencial de artículos polémicos
Juan Godoy, titular de la federación de transporte, manifestó que los trabajadores no desean llegar a la huelga por el sufrimiento que implica para la sociedad. Godoy aclaró que solo levantarán la medida si el presidente de la República se compromete formalmente a vetar los artículos 19, 20 y 39 de la ley. El sindicalista advirtió que la nueva normativa pone en riesgo la estabilidad laboral al permitir despidos sin causa justificada para quienes tengan menos de dos años de antigüedad.
El sector trabajador estima que el acatamiento a la huelga alcanzará el 80% de la flota de buses en el área metropolitana. El Gobierno prepara un plan de contingencia para mitigar el impacto, aunque Fernández admitió que será imposible cubrir la totalidad de la demanda de traslados. La huelga de transporte de 48 horas representa el mayor desafío logístico del año para el sistema de movilidad urbana de la capital.