En 2019, la entonces PASFIN S.A.E.C.A. otorgó al Frente Guasu un préstamo de USD 277.000 para financiar su campaña. El dinero se acreditó en la cuenta del espacio político y se usó para gastos partidarios. El crédito quedó documentado en contratos y pagarés firmados por sus referentes, con Carlos Filizzola como representante, más varios codeudores y certificación de escribanía.
Como el Frente no canceló el préstamo, entre 2019 y 2021 pidió sucesivas renovaciones. Cada vez se firmaron nuevos documentos. Mientras tanto, en los estados financieros presentados a Tributación, la propia Concertación registró la obligación como deuda: casi G. 2.867.638.900 figuraban como pasivo vinculado a ese crédito entre otros. Es decir, ante el fisco el partido admitía que debía el dinero.
En febrero de 2022, la cartera de PASFIN ya estaba en manos del banco ueno. Para ordenar el saldo, se firmó un nuevo pagaré por G. 2.021.219.253, con firmas atribuidas a los mismos dirigentes y certificación notarial. Desde ese momento, el acreedor pasó a ser el banco. Al no recibir el pago, en 2023 ueno inició una demanda ejecutiva usando ese pagaré como título.
Recién entonces el Frente Guasu cambió el relato. Varios dirigentes presentaron una excepción de falsedad y una denuncia penal, alegando que sus firmas en los documentos de 2022 eran falsas. Sin embargo, nunca negaron el préstamo original ni el uso del dinero, y tampoco explicaron por qué la deuda seguía apareciendo en su propia contabilidad.
Ante esa situación, el banco también acudió a la Fiscalía y pidió que se investigue la autenticidad de todos los papeles. El perito oficial concluyó que las firmas de 2022 no corresponden a los dirigentes, lo que confirma que alguien falsificó documentos en el circuito del Frente y su entorno.
Lo que este recorrido muestra es sencillo: hubo un crédito real, con montos claros y plata que entró al partido, hubo años de renovaciones solicitadas por el propio Frente y hubo una deuda registrada ante el Estado. Que hoy se discuta quién falsificó un pagaré no borra esa historia. La responsabilidad de honrar la deuda —y de explicar quién manipuló los documentos— recae en el Frente Guasu y en las personas de su entorno, que intervinieron en la gestión del préstamo. Y eso es lo que hoy está en juego en los tribunales.