En 2019, mucho antes de las denuncias cruzadas y las pericias caligráficas, ocurrió algo muy simple: un préstamo. La entonces Pasfin Saeca desembolsó 277.000 dólares a favor de la Concertación Frente Guasu para financiar su campaña política. Ese dinero no fue un regalo ni una donación, fue un crédito pactado en un contrato, firmado por el doctor Carlos Filizzola como representante de la concertación, junto con otros codeudores, y certificado por una escribana pública.
Como pasa con muchos créditos grandes, el pago no se hizo de una sola vez. A pedido de la propia concertación, el préstamo se fue renovando en el tiempo. Cada renovación implicó gestiones, documentos y firmas. Según declararon funcionarios del banco, las negociaciones se hacían principalmente con la administradora del Frente Guasu, Rossana Servín, quien coordinaba las condiciones y se encargaba de devolver al banco los pagarés ya firmados y certificados.
La última de esas renovaciones es la que hoy está en el centro del conflicto. El 22 de febrero de 2022 se instrumentó un pagaré por aproximadamente 2.021 millones de guaraníes, con firmas certificadas por la escribana Ana Graciela Llano. Ese documento fue el que ueno bank usó para iniciar una demanda ejecutiva y reclamar el pago de la deuda. A partir de ahí, la historia cambia de tono: algunos deudores comenzaron a sostener que las firmas que figuran en el pagaré no les pertenecen y que el documento es “falso”.
Frente a esa acusación, ueno no se limitó a insistir en el cobro. Hizo exactamente lo que corresponde en un Estado de derecho: llevó el caso a la Fiscalía. El banco presentó una denuncia por producción de documentos no auténticos y puso a disposición del Ministerio Público todo el circuito documental. El mensaje es claro: si hay firmas falsificadas, el banco también puede ser víctima, porque confió en papeles que llegaron firmados y certificados.
Durante la investigación, declararon funcionarios del banco, se revisaron legajos y se ordenaron pericias caligráficas. Los resultados fueron contradictorios: peritos vinculados a la escribana y a una de las deudoras defendieron la autenticidad de las firmas, mientras que otros peritos, incluido el del Ministerio Público, señalaron diferencias. Es decir, no existe una verdad única y automática; hay una discusión técnica que debe resolverse con pruebas y no con consignas mediáticas.
Hay, sin embargo, un dato que cualquier ciudadano puede entender sin necesidad de peritos. La Dirección General de Ingresos Tributarios remitió los estados financieros de la Concertación Frente Guasu, firmados por sus responsables. En esos documentos oficiales se reconoce un saldo de casi 2.900 millones de guaraníes correspondiente al préstamo otorgado por Pasfin. Es decir: ante la autoridad tributaria, la deuda existe y está claramente contabilizada. Ante el juzgado, en cambio, esa misma deuda parece desaparecer.
Esa contradicción es el núcleo del problema. No pueden ser ciertas al mismo tiempo las dos versiones: que hubo un préstamo reconocido y declarado, y que, al mismo tiempo, el banco “inventó” una obligación que nunca existió. Si una persona o un partido político pudo usar el dinero, refinanciarlo y declararlo ante el fisco, no es razonable que años después afirme que todo es un invento del banco.
En el curso del proceso, además, se dio otro dato relevante: las causas iniciadas por ueno y por el Frente Guasu terminaron acumuladas en un mismo expediente. Y dos de quienes primero aparecían solo como denunciantes terminaron también en calidad de investigados. Esto muestra que la situación es compleja y que no se trata de una historia lineal de “banco malo contra deudores inocentes”, como algunos intentan instalar.
Para ueno, este caso no es solo una discusión puntual sobre un pagaré. Es una cuestión de principios: defender que los contratos se cumplen, que los compromisos asumidos se honran y que, si hay dudas sobre la autenticidad de los documentos, se investigue a fondo quién los manipuló. Detrás de cada crédito están los ahorros de miles de personas que confiaron su dinero al sistema financiero.
Si se volviera aceptable firmar hoy y negar mañana lo firmado, la señal para toda la sociedad sería pésima. No habría seguridad para nadie: ni para los bancos, ni para los comercios, ni para el ciudadano que necesita financiar una casa o un emprendimiento. Por eso, más allá de simpatías políticas, este caso debería importar a cualquiera que valore reglas claras. La posición de ueno es simple: hubo un préstamo real, hubo dinero entregado y declarado, y las dudas sobre los documentos deben resolverse con seriedad, sin destruir la confianza en los contratos de la que depende toda la economía.