Durante la última sesión, la Cámara de Senadores resolvió postergar el tratamiento del proyecto de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. La iniciativa, que ya había sido analizada por comisiones asesoras, fue retirada del orden del día a pedido del líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, quien explicó que la intención es realizar correcciones técnicas pendientes antes de su aprobación definitiva.
El legislador sostuvo que el objetivo del aplazamiento es mejorar la redacción del texto, que aún presenta observaciones derivadas de los dictámenes de las comisiones, especialmente en materia de articulación institucional y asignación presupuestaria.
“Faltan algunos ajustes que debemos revisar con más detenimiento para asegurar una norma coherente, aplicable y efectiva”, expresó ante el pleno.
El presidente del Senado, Basilio Núñez, aclaró que la Mesa Directiva, junto con los líderes de bancada, decidirá la fecha en que el proyecto volverá a ser incluido en el orden del día. La postergación fue aprobada por mayoría, bajo el compromiso de que el debate no se extienda más allá de dos semanas, según lo planteado por el senador Mario Varela, quien pidió que el aplazamiento no supere los quince días.
Antecedentes y contenido del proyecto
El proyecto de ley de protección a periodistas busca crear un mecanismo nacional de prevención y asistencia para trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. La propuesta surgió a partir del incremento de amenazas, agresiones y presiones en el ejercicio de la labor periodística, y busca establecer una política pública permanente de protección.
El texto propone la creación de un Sistema Nacional de Protección, integrado por representantes de los poderes del Estado, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de coordinar medidas de seguridad y apoyo legal para las víctimas. También contempla la figura del “defensor público de víctimas”, que ofrecería asistencia jurídica gratuita y especializada.
Otro punto central del proyecto es la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar actos de intimidación o violencia contra periodistas y activistas, garantizando la confidencialidad de las fuentes y la libertad de expresión. La iniciativa cuenta con respaldo de entidades como el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que participaron en la redacción del texto final.
Cambios propuestos y observaciones técnicas
Las comisiones del Senado unificaron previamente varias versiones del proyecto, incorporando observaciones de distintos sectores. Entre los principales puntos de ajuste figuran la definición precisa de los mecanismos de actuación ante situaciones de riesgo, la responsabilidad presupuestaria del Estado y el alcance de la cooperación interinstitucional.
La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo emitió un dictamen favorable con modificaciones, en tanto que las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Constitucionales coincidieron en la necesidad de afinar la redacción del articulado para evitar superposición de competencias entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se insistió en que el texto final debe integrar las recomendaciones internacionales sobre protección de periodistas, siguiendo estándares de la Unesco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese sentido, el senador Chase argumentó que la postergación permitirá realizar una revisión exhaustiva de esos aspectos antes de su aprobación.
Tras la decisión de postergar el tratamiento, el proyecto volverá a ser analizado en una ronda de consultas técnicas entre las comisiones parlamentarias y las organizaciones involucradas. Una vez concluida la revisión, la Mesa Directiva definirá su reprogramación para una sesión ordinaria o extraordinaria, con el objetivo de lograr un consenso total antes de la sanción definitiva.
Foto: El texto, resultado de aportes del Sindicato de Periodistas y de la Codehupy, será nuevamente evaluado antes de ser elevado a votación en el Senado.