Hugo Armando “El Pollo” Carvajal volvió al centro del tablero judicial y político de la región. Exjefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, fue extraditado desde España a Estados Unidos el 19 de julio de 2023 y, el 25 de junio de 2025, se declaró culpable ante el juez Alvin K. Hellerstein (Corte del Distrito Sur de Nueva York) por cuatro cargos de narcotráfico y narcoterrorismo. Admitió su pertenencia al Cártel de los Soles, la cooperación con las FARC y su rol en el envío de cocaína a Norteamérica. Su giro procesal abrió la puerta a un acuerdo de cooperación que hoy irradia consecuencias políticas.
A cambio de una eventual reducción de pena, Carvajal ofrece detalles y documentos sobre dos planos conectados: la captura de PDVSA como “caja negra” del poder y una presunta red de financiamiento político internacional. En escritos remitidos al tribunal y en declaraciones divulgadas por medios europeos, sostiene que durante al menos quince años el gobierno venezolano canalizó recursos a líderes y partidos de izquierda en América Latina y Europa. Según su relato, el esquema combinaba valijas diplomáticas, vuelos oficiales y operadores de confianza; menciona apoyos a Néstor y Cristina Kirchner (Argentina), Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Gustavo Petro (Colombia), Fernando Lugo (Paraguay), además de organizaciones como Podemos (España) o el Movimiento Cinco Estrellas (Italia). Señala a Tareck El Aissami como coordinador, con anuencia de Nicolás Maduro cuando era canciller.
Como recordó ayer este diario en su editorial, si esos fondos provinieron de empresas estatales o de circuitos ilícitos, no se trata solo de corrupción convencional, sino de un modo de organización del poder que deviene en cleptocracia: usar el cargo público para apropiarse de la riqueza del país. En términos sencillos, un robo al propio Estado que desplaza recursos que deberían financiar salud, educación, seguridad y obras hacia proyectos de ingeniería política. La sospecha de “narcodólares” como combustible electoral eleva el estándar probatorio exigible y obliga a auditorías transnacionales.
Ahora bien, las afirmaciones de Carvajal siguen siendo, a la fecha, declaraciones de un imputado que busca beneficios. No equivalen a condenas para los dirigentes citados ni sustituyen procesos en sus países. Es tarea de fiscalías y unidades antilavado corroborar cada extremo con documentación trazable: manifiestos de vuelo, registros de misiones oficiales, movimientos bancarios y cadenas de custodia. La defensa del exjefe de inteligencia promete aportar “documentación inédita”; los fiscales deberán verificarla antes de respaldar cualquier rebaja de pena.
La agenda judicial también se mueve. La audiencia de imposición de sentencia, inicialmente prevista para el 29 de octubre de 2025, podría postergarse a la semana del 18 al 20 de noviembre, a pedido conjunto de Fiscalía y defensa para preparar objeciones al informe previo a la sentencia y, si hiciera falta, celebrar una audiencia Fatico que zanje, con evidencia, disputas de hecho relevantes para el cálculo de la pena. Lo que allí se despeje impactará en la credibilidad de su narrativa y en la intensidad de las investigaciones espejo en la región.
Para Paraguay, la derivada es directa: la mención de Fernando Lugo vuelve a colocar al país en el mapa de una trama transnacional. Por la gravedad de la acusación, este diario pidió la versión del Frente Guasu. Consultada por La Tribuna, la senadora Esperanza Martínez —principal referente del espacio— no atendió ni devolvió las llamadas, ni respondió a los mensajes remitidos a su teléfono celular (097*) 46 para precisar o desmentir lo señalado. Al cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento oficial. Su eventual respuesta será incorporada en futuras publicaciones.
Más allá del desenlace, el caso deja lecciones para blindar las instituciones: auditorías independientes sobre empresas estatales, trazabilidad de vuelos y encomiendas oficiales, registros públicos de lobby y donaciones, reglas estrictas de financiamiento político, control parlamentario efectivo y cooperación judicial sin zonas grises. Si la evidencia confirma que hubo un desvío de recursos —o dinero de origen ilícito— hacia campañas y estructuras partidarias, corresponderán responsabilidades penales y políticas. Si no, la transparencia completa será, igualmente, el mejor antídoto contra la sospecha.
El expediente Carvajal, con su mezcla de inteligencia, cocaína y geopolítica, seguirá en la agenda. Su sentencia definirá la suerte de un hombre; la reacción institucional de nuestros países, la salud de sus democracias. En Paraguay, como sostuvo nuestra editorial, la respuesta la tiene el Frente Guasu: si Lugo no puede hablar, corresponde que hable quien hoy lo representa. La ciudadanía —propietaria última de los recursos públicos— merece una explicación clara y documentada.