“La transparencia no es un discurso, es una práctica cotidiana”, afirma el contralor general de la República, Dr. Camilo D. Benítez Aldana. Con esa convicción, la Contraloría pasó de ser una institución percibida como distante y opaca a convertirse en un organismo de referencia regional, que abre sus datos, protege a los denunciantes, apuesta por la innovación tecnológica y hoy lidera espacios internacionales de lucha contra la corrupción.
Cuando Benítez asumió, la Contraloría se encontraba en una situación crítica en cuanto a acceso a la información. “La institución estaba casi en la oscuridad. Los datos patrimoniales no eran accesibles y ni siquiera los concejales podían revisar rendiciones de cuentas básicas”, recuerda.
La primera medida fue histórica: digitalizar y publicar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. A partir de allí, el portal institucional se convirtió en una herramienta de control ciudadano. Fonacide, Tekoporã, Hambre Cero y otros programas hoy pueden ser monitoreados desde un teléfono móvil.
“Ese proceso de apertura es lo que llamamos transparencia activa: no esperar a que te pidan la información, sino ponerla a disposición para que la ciudadanía controle”, explica. La apuesta es que la transparencia sea una política pública de todo el Estado, no solo de la Contraloría, involucrando a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobernaciones y municipalidades.
Una nueva cultura de denuncia
El siguiente paso fue crear garantías reales para que cualquier ciudadano pueda denunciar hechos de corrupción. La Ley de Integridad Pública introdujo un mecanismo innovador: el “doble cerrojo”, que asegura la confidencialidad absoluta del denunciante.
“Si no protegemos al que denuncia, nadie se va a animar”, sostiene. Por eso, la ley obliga a dar trámite a todas las denuncias contra funcionarios públicos, con plazos claros para responder y resolver. La discrecionalidad quedó atrás.
Aunque existen denuncias falsas o malintencionadas, el contralor es categórico: “Siempre es más grave exponer al denunciante que proteger al denunciado”. Con esta visión, Paraguay se alinea con las convenciones internacionales que priorizan la protección de quienes se animan a dar el primer paso contra la corrupción.
Uno de los cambios más visibles es la incorporación de la tecnología como aliada del control. Con Big Data e inteligencia artificial, la Contraloría apunta a auditar no solo por muestreo, sino la totalidad del gasto público, con alertas inmediatas ante irregularidades.
Un ejemplo práctico es la aplicación Ñangareko, vinculada al programa Hambre Cero. Los padres de alumnos pueden calificar la calidad de la alimentación escolar y adjuntar fotos o videos que llegan directamente a la Contraloría. “Cualquier ciudadano puede convertirse en un contralor social”, afirma Benítez.
La tecnología también permite prevenir fraudes antes de que ocurran. Con el cruce de datos, el sistema puede detectar si un beneficiario de un subsidio ya falleció o si una transferencia se dirige a alguien sin derecho. “El futuro de la fiscalización es anticiparse al daño y no solo registrarlo después”, subraya.
Del castigo a la prevención
La Contraloría ya no se limita a señalar irregularidades. Su rol se amplió hacia la prevención y la educación. “Nuestros informes deben servir para mejorar las políticas públicas”, destaca Benítez.
En países como Estados Unidos, el 95% de las auditorías son de desempeño, enfocadas en medir el impacto real de las políticas en salud, educación o infraestructura. Paraguay sigue esa línea: auditar no solo el cumplimiento formal, sino los resultados.
El contralor insiste en la visión de corto, mediano y largo plazo. A corto, sancionar y encarcelar a los corruptos. A largo plazo, sembrar una cultura de integridad desde la escuela. “Los niños deben aprender que los atajos nunca son buenos ni para el país ni para uno mismo”, afirma.
El liderazgo internacional de la Contraloría es otro de los hitos. Por primera vez, Paraguay preside la Olacefs, que agrupa a las entidades fiscalizadoras de 22 países. Fue elegido por unanimidad, incluso con el apoyo de potencias como Brasil y México.
“La mayoría de los países de la región se parecen más a Paraguay que a México o Brasil. Por eso pedimos la oportunidad de presidir, para mostrar la realidad de la mayoría”, explica Benítez.
Con un presupuesto reducido pero con una visión clara, Paraguay impulsa la agenda de la mayoría: inversión en tecnología, auditorías coordinadas y cultura de integridad. El modelo paraguayo despierta interés de organismos como el Banco Mundial y el BID, que ya analizan replicarlo en otros países con desafíos similares.
Reconocer la enfermedad para encontrar la cura
El contralor no niega la realidad: “No decimos que Paraguay es un ejemplo de país honesto. Decimos que conocemos nuestra enfermedad y por eso creemos saber cómo curarla”.
Esa sinceridad, combinada con acciones concretas, le ha dado legitimidad en foros internacionales. Paraguay no esconde sus problemas, pero ofrece soluciones basadas en transparencia, innovación tecnológica y educación en valores.
Una Contraloría que inspira confianza
Hoy la Contraloría paraguaya representa al país en organismos como la ONU y la OEA, y apunta a hacerlo también en la OCDE. Además, lidera en la región como voz de la política anticorrupción.
El propio Benítez resume el desafío: “La transparencia no se hereda, se construye todos los días con hechos concretos”. Esa construcción no depende de presupuestos millonarios, sino de convicción, innovación y la valentía de abrir las puertas del Estado a la ciudadanía.
*Dr. Camilo D. Benítez Aldana: abogado, escribano y notario público por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Cuadro de Honor. Especialista y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Egresado de La Escuela Judicial por el Consejo de la Magistratura del Paraguay. Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, con calificación Summa cum laude. Profesor adjunto de la asignatura Quiebras de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Agente síndico de quiebras del Segundo Turno. Poder Judicial. Años: 2011 a noviembre del 2016.