Una comitiva judicial halló un pabellón VIP, con comodidades de lujo y circulación de bebidas costosas en la Penitenciaría de Emboscada, con acceso restringido a determinados funcionarios. El hecho fue calificado como una “vergüenza institucional” y quedó asentado en un acta oficial.
Jueces de ejecución constataron condiciones VIP
El hallazgo se produjo tras denuncias presentadas por jueces de ejecución, quienes acudieron al sector para constatar las condiciones. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, reconoció la gravedad del caso y aseguró que el Gobierno avanza en cambios penitenciarios, citando los operativos “Veneratio” y “Umbral” como parte de ese proceso.
Los jueces informaron que al inicio hubo resistencia para ingresar al pabellón VIP, pero el equipo insistió en su facultad legal hasta acceder al lugar. El director del penal firmó el acta que registró cada elemento hallado durante el procedimiento.
La investigación interna apunta a las decisiones administrativas que posibilitaron el aislamiento del sector y al acceso restringido solo a personal de confianza, lo que refuerza las sospechas sobre controles debilitados y tolerancia a beneficios prohibidos dentro del establecimiento.
Según el reporte, el director de la penitenciaría es Humberto René González, mientras que el jefe de seguridad es Alivio Gómez, señalado en la denuncia por un presunto vínculo de parentesco con el primero.
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Hallaron hasta un jacuzzi
En el pabellón se encontraron comodidades que incluían aire acondicionado, televisores, heladeras, radios, consolas e incluso un jacuzzi. Se reportó además la venta de botellas de vino a altas sumas.
Las denuncias citan la convivencia de integrantes del clan Arteta, personas vinculadas al operativo A Ultranza y miembros del PCC en ese sector. Para las autoridades, esa cercanía facilita la continuidad operativa de estructuras criminales dentro del penal.
Este hallazgo evidenció fallas graves de supervisión, tanto por la logística que supone el ingreso e instalación de esos equipos como por el nivel de privilegios otorgados, considerados incompatibles con el régimen penitenciario.
El Ministerio sostiene que los procedimientos continuarán para desarticular privilegios, restablecer la legalidad y asegurar disciplina interna en la Penitenciaría Padre de la Vega y en otros centros. La documentación labrada por los jueces de ejecución será clave para definir responsabilidades administrativas y penales.
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