La Cámara de Diputados decidió archivar el proyecto que buscaba permitir expresamente el derribo de aeronaves clandestinas. La votación viene tras informes del Ejecutivo y la Fuerza Aérea que abogan por mantener la normativa vigente, considerada suficiente para interceptar vuelos ilícitos sin necesidad de una nueva ley.
El experto en seguridad, José Amarilla, advirtió que la norma por sí sola carece de eficiencia sin:
- Capacidades de detección (radares fijos y móviles);
- Protocolos claros y entrenamiento especializado;
- Cadena de mando operativa, delegando decisiones al Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Paraguaya, no al presidente;
- Coordinación regional, especialmente con Argentina y Bolivia, por los corredores usados por narcos y
- Evitar errores graves, como derribo de civiles o actos letales mal aplicados.
Amarilla destacó que la forma en que se emplean los Super Tucano –para interceptar no letalmente– ejemplifica que lo prioritario es preservar vidas y actuar con precisión técnica.
El ministro Óscar González y el General del aire, Julio Fullaondo de la Fuerza Aérea destacan que la ley 6.980, de 2022, ya contempla fases de intervención –contacto visual, advertencias y derribo justificable solo en situaciones extremas– lo cual sería suficiente si se complementa con los Super Tucano y radares.
Fullaondo enfatizó que con radarización y aviones, se lograría una reducción real de vuelos ilícitos.
Diputados como Raúl Latorre han advertido que autorizar derribos podría violar principios de la Constitución y abolición de la pena de muerte, convirtiendo la medida en una ejecución sumaria. Esto refuerza la prudencia del Ejecutivo al evitar legalizaciones que comprometan derechos fundamentales.
El rechazo legislativo y la postura gubernamental representan una apuesta inteligente: fortalecer capacidades antes de endurecer leyes.
Esto crea una base operativa sólida: Los Super Tucano ya están operativos, con llegada de un radar móvil e infraestructura en curso; fase de tres años estimada para consolidar detección aérea, protocolos, cooperación internacional y operatividad efectiva; esfuerzo integral de defensa aérea, que trasciende al titular de turno y busca impactar a largo plazo.
El Gobierno de Paraguay ha optado por lo estratégico: avanzar del plano simbólico al operativo, respaldado por tecnología, recursos humanos, bases legales y coordinación multilateral.
Esta estrategia equilibra soberanía, efectividad e integridad institucional. No es renunciar a la contención del narcotráfico, sino hacerlo de forma técnica y seria, evitando errores letales, conflictos políticos y vulneraciones constitucionales. Si el sistema se consolida en los próximos años, será una conquista real y sostenible.
Experiencia en otros países
