La utilización de instituciones públicas para perseguir adversarios constituye un siniestro golpe sucio contra la democracia. El bastardeo del poder es un cáncer maligno que debe ser extirpado de la política criolla; y, si se hallaren responsables, estos merecen el debido castigo.
Valga esta introducción para destacar la respuesta del presidente Santiago Peña, consultado sobre la supuesta cuenta no declarada del expresidente Abdo Benítez en el extranjero. Afirmó que no correspondía al Ejecutivo iniciar investigación alguna. Lo importante, sin embargo, es que dejó en claro que no se utilizará al Estado con fines persecutorios.
Hacemos el énfasis en lo último: el presidente Peña afirmó que no se emplearán las instituciones del Estado para hacer aquello que criticó durante el gobierno anterior, cuando “se habría utilizado el aparato estatal para perseguir políticamente a Horacio Cartes”, lo que derivó en sanciones internacionales.
Las expresiones del mandatario representan un respaldo institucional a la democracia. Debe entenderse, empero, que la autonomía de los poderes del Estado no significa excluir, por vías indebidas, de una eventual investigación a un expresidente señalado de tener más de USD 20 millones en el exterior, no consignados en su declaración jurada.
Por supuesto, el hecho relevante no es la apertura de una cuenta en algún paraíso fiscal. Lo trascendente será saber cómo un exfuncionario público podría acumular un monto muy superior al patrimonio declarado. Por encima de los ruidosos intereses sectarios en juego, el pueblo paraguayo tiene derecho a conocer la verdad.
En fin, no pretendemos emitir un juicio de valor sobre lo publicado por el medio de prensa argentino, que acusa al expresidente Abdo Benítez de poseer una cuenta de USD 21 millones en un paraíso fiscal. Sí destacamos la correcta actitud del actual titular del Poder Ejecutivo al negarse al uso de las instituciones como garrote para golpear a opositores o adversarios circunstanciales.
