Una funcionaria de Registros Públicos, un abogado y un procesado por narcotráfico fueron imputados por alterar el sistema informático estatal para facilitar la transferencia de inmuebles embargados, en una maniobra que el Ministerio Público califica como lavado de activos.
Alteración del sistema y traspaso millonario
La fiscalía sostiene que la funcionaria Alcira Rodríguez modificó datos en el sistema informático de Registros Públicos para eliminar la inhibición judicial que pesaba sobre Alexandre Rodrigues Gomes, procesado por lavado de dinero ligado al narcotráfico. Con esa modificación, se emitieron certificados que le permitieron transferir cuatro inmuebles valuados en más de G. 1.700 millones.
Los bienes fueron cedidos al abogado defensor de Gomes, Óscar Luis Tuma Bogado, bajo la figura de dación de pago por honorarios legales. La investigación apunta a que el abogado conocía la restricción judicial y, aun así, aceptó las propiedades.
Un intento de eludir el comiso
Para los fiscales, la maniobra buscó impedir que esos bienes pasen a manos del Estado mediante el comiso especial. El proceso judicial sigue bajo la causa N.° 6823/2025 y está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
Los tres imputados enfrentan cargos por alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos, falsificación de datos relevantes para la prueba y lavado de activos. La Fiscalía argumenta que la operación fue planificada para burlar el control judicial y beneficiar al principal acusado, hoy recluido en el penal de Encarnación.
Una investigación que, según el Ministerio Público, revela un uso deliberado de recursos del Estado para encubrir operaciones ligadas al crimen organizado.
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