La defensa de Gianina García, esposa del narcotraficante prófugo Sebastián Marset, presentó un pedido de intervención diplomática a la Embajada de Uruguay en nuestro país por supuestas irregularidades en su proceso por lavado de activos.
Las autoridades paraguayas detuvieron a García el 21 de mayo de 2025, tras su extradición desde España, y sus abogados afirman que vulneraron sus derechos consulares al notificar tardíamente al Consulado uruguayo.
Abogados reclaman falta de notificación inmediata al Consulado
El documento, presentado el 23 de julio al embajador uruguayo Eduardo Bouzout Vignoli, sostiene que la jueza Rosarito Montanía no informó a García sobre su derecho a comunicarse con su Consulado al llegar al aeropuerto Silvio Pettirossi.
Según los abogados Osvaldo Arrúa y Luis Samaniego, tampoco le permitieron designar un abogado particular y se le impuso un defensor público sin su consentimiento.
Además, los abogados destacaron que las autoridades notificaron al Consulado uruguayo 55 días después de la detención de García, y calificaron esto como una violación al debido proceso y a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Defensa de esposa de Marset solicita medidas al gobierno uruguayo
La defensa dirigió también una nota a la cónsul uruguaya en Asunción, Cecilia Amparo Lima Pérez, con tres pedidos puntuales: garantizar los derechos consulares de García, evaluar consecuencias jurídicas para Paraguay mediante un informe al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, y dejar constancia oficial del incumplimiento de la Convención de Viena.
Arrúa aseguró que estas acciones son necesarias para evitar un precedente negativo en las relaciones bilaterales y pidió que se investiguen las responsabilidades correspondientes.
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El caso A Ultranza Py y las acusaciones por lavado
García enfrenta cargos por lavado de activos en el marco de la operación “A Ultranza Py”, por supuestamente utilizar la empresa “Grupo San Jorge” (Total Cars) para legitimar fondos provenientes del narcotráfico encabezado por Marset. Según la investigación del Ministerio Público, los fundadores crearon la firma en mayo de 2021 con un capital inicial de 1.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 125.553 dólares en mayo de 2024.
García figura como presidenta y accionista mayoritaria, con el 75% de las participaciones. El fiscal Deny Yoon Pak solicitó su prisión preventiva ante la gravedad del hecho, cuya pena prevista va de 5 a 15 años de cárcel.
Los abogados de García afirman que la acusación carece de fundamentos sólidos y que las autoridades la persiguen por su vínculo con Marset, prófugo con alerta roja de Interpol.
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