ENCARNACIÓN. El fiscal Ever Willians, quien imputó al intendente Luis Yd por el presunto hecho punible de homicidio culposo en el caso derrumbe de edificio, sostuvo que no existe ningún tipo de injerencia ni presión de sector alguno en la decisión.
Fiscal afirma que no hubo presiones
En conferencia de prensa, esta mañana, el fiscal Ever Williams Lovera sostuvo que los elementos disponibles en la carpeta fiscal, tales como documentaciones recabadas en la Municipalidad, testimonios de personas, informes periciales, permiten sostener la sospecha de que existió responsabilidad penal en los actores involucrados en esta tragedia que se cobró dos vidas humanas.
Williams afirmó que no existen injerencias en la decisión de imputar a los presuntos responsables. Ni de sectores sociales, políticos, ni de persona alguna. Recordó que hubo reclamos de familiares de las víctimas que exigían una imputación.
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Seis imputados por homicidio y actividades peligrosas en la construcción
El fiscal confirmó que están imputados por homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción al intendente municipal, Luis Yd Sánchez (Alianza); el director de Obras de la Municipalidad, Ing. René Orlando Miglio; el director de la obra, arquitecto Roberto Faustino Ramírez Farías, y la propietaria del edificio, Ramona Teresa Bogado Benítez.
También están imputados el constructor, Mario Bruno Urbina, por presunto homicidio culposo, actividades peligrosas en la construcción y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos, en calidad de autor.
El capataz de la obra, Roberto Montiel Cabral, está imputado por el presunto hecho de homicidio culposo, en calidad de autor. Todos disponen de medidas alternativas como la prohibición de salir del país, fijar un domicilio procesal, comparecer ante el juzgado una vez por mes.
La causa recayó por sorteo en el juzgado de garantías número cinco, interinado actualmente por la jueza Gilian Espínola.
Pericia determinará la existencia de más implicados
Entre los elementos de juicio valorados por la fiscalía se consideró que los órganos municipales responsables del control y aplicación de los reglamentos establecidos en la ordenanza que regula la materia no hicieron su trabajo.
El informe pericial es uno de los elementos determinantes para la acusación, que se espera se concrete dentro del plazo formal de seis meses. Este informe final estaría concluido para dentro de aproximadamente 35 días, señaló el fiscal.
Tras el derrumbe del edificio, el Ministerio Público designó un equipo de fiscales integrado por los agentes, Ever Williams Lovera (coordinador), Francisco Martínez y Rocío Valdez,
También se nombró un equipo de peritos del organismo conformado por la ingeniera Ross Franco y la arquitecta María José Aguirre, quien estuvieron trabajando en la toma de muestras.
Sin embargo, el Ministerio Público no cuenta con laboratorio para el análisis de la calidad de los materiales empleados, por lo que se recurrió a la facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para ese procedimiento.
Del resultado de las pericias dependerá si son incluidos en el proceso otros actores, como por ejemplo los proveedores de materiales de construcción. Se especula que existieron falencias en la calidad del hormigón empleado en la obra.
Una de las proveedoras es la empresa concretera Mega Concret SA, de la cual figura como responsable el diputado itapuense, Carlos Pereira Rieve (PLRA).
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Persecución política, sostienen
Para el administrador comunal, la imputación es funcional a quienes “quieren entrar por la ventana” a la Municipalidad y alientan una intervención a su administración.
Yd se reunió esta mañana con sus asesores para analizar la situación con este nuevo frente de conflicto que se le presenta. El mismo ya está imputado en una causa por presunto delito ambiental relacionado con el vertedero municipal.
El Intendente aún no está enterado del acta de imputación y los hechos que le involucran en una imputación, sostuvo Federico Úbeda, secretario general de la Municipalidad, vocero de la reunión.
Por lo que hemos escuchado en la conferencia de prensa, el ministerio público pretende atribuir a actos administrativos responsabilidades penales, añadió.
“La triste pérdida de la vida de dos personas, por el derrumbe de un edificio privado, en una construcción privada, en un terreno privado, no puede responsabilizarse a quien tiene la obligación de controlar otros aspectos, que fueron regularmente presentados”
“Esta no es más que una persecución política más que le toca vivir al Ejecutivo Municipal”, añadió.
El derrumbe dejó dos personas fallecidas
El siniestro ocurrió alrededor de las 22:00 horas del tres de abril pasado, cuando un edificio de ocho pisos en construcción ubicado sobre la calla Capellán Molas casi avenida Japón colapsó y se derrumbó íntegramente.
Dos personas murieron en esa tragedia: una adolescente de 15 años, Monserrat Britez Alfonzo, y su abuela, Ermelinda Báez de Britez, de 55 años, quienes se encontraban circunstancialmente en el lugar.
La mujer tenía un comedor en una feria ubicada en el paseo central de la avenida Japón, secundada por su nieta. Esa fatídica noche quedaron a dormir en el edificio porque fue una jornada lluviosa, y les dificultaba llegar en transporte público hasta su vivienda, en el barrio Chaipé.
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