En Paraguay, la desaparición de personas no ha sido tratada con la urgencia ni la seriedad que amerita. Durante años, las instituciones responsables han mirado hacia otro lado, como si la angustia de una familia que pierde a un ser querido fuera un asunto menor. Las estadísticas oficiales son inciertas, los procedimientos son difusos y el personal policial asignado a esta tarea es irrisoriamente escaso. Según datos de la misma policía apenas 17 agentes están asignados al departamento dedicado a este menester.
El decreto del Poder Ejecutivo que dispone la entrada en vigencia inmediata de mecanismos de búsqueda y localización, mientras el Congreso sigue demorando inexplicablemente la aprobación de una ley largamente postergada, es sin duda, un gran paso que busca corregir lo que el Estado ha ignorado por décadas.
Los casos de María Fernanda y Elías Gabriel —ambos con finales trágicos— pusieron en evidencia el denominador común de la reacción inicial de la Policía y el Ministerio Público, que suele ser de desdén o escepticismo. “Ya va a volver”, “estará por ahí” o “se fue con el novio”, son frases que no solo revelan prejuicios y machismo institucional, sino también una profunda irresponsabilidad que, en muchos casos, cuesta vidas.
Peor aún es la omisión estructural. No hay seguimiento real de los casos, no hay estadísticas públicas confiables, no hay redes interinstitucionales que funcionen con agilidad. Las familias que denuncian enfrentan además de la incertidumbre de la pérdida, el desprecio burocrático de un sistema que no está diseñado para responder ni prevenir. Así lo denunciaron los padres de María Fernanda y Elías Gabriel.
Como sociedad, debemos entender que toda desaparición es una emergencia. Sea cual fuere la causa, lo urgente es buscar, investigar y contener. Cada minuto cuenta, y cada omisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
