Mientras el Congreso Nacional continúa postergando el tratamiento de proyectos claves para regular la criptominería en Paraguay, los hechos demuestran que la actividad —muchas veces de forma ilegal— avanza a paso firme. El caso de la tentativa de asalto a una granja de criptomonedas en Coronel Bogado, que involucró a un grupo armado de al menos 20 personas, es solo la última evidencia de una problemática más profunda, donde el vacío normativo, la impunidad y poderosos intereses convergen para mantener el statu quo.
La criptominería, como fenómeno global, no es algo pasajero. Es una industria emergente que demanda ingentes cantidades de energía eléctrica, infraestructura especializada y personal capacitado. En nuestro país, estas condiciones —junto con los bajos costos energéticos provistos por la Itaipú y Yacyretá— han convertido a Paraguay en un destino atractivo para instalar granjas de minería digital, muchas de ellas en el interior, en zonas alejadas del radar estatal.
Sin embargo, el crecimiento acelerado y descontrolado de esta actividad ha ido acompañado de prácticas irregulares: consumo clandestino de energía, evasión impositiva, ocupación ilegal de terrenos y desecho inadecuado de residuos tecnológicos. Los servidores utilizados en las granjas tienen una corta vida útil, y ningún distrito cuenta con un sistema adecuado para su disposición. En consecuencia, estos equipos acaban muchas veces como chatarra contaminante, arrojados sin control en comunidades rurales.
La falta de regulación no es casual. Proyectos de ley para normar esta actividad duermen desde hace años en el Congreso, encajonados evidentemente, por el peso de lobbies bien engrasados que prefieren operar en la sombra. Los intentos de establecer un marco jurídico han sido neutralizados una y otra vez, mientras la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) lidia con conexiones ilegales y pérdidas millonarias, que terminan afectando al usuario común.
El episodio de Coronel Bogado es un llamado de atención. No solo porque revela la peligrosidad de estas operaciones, sino porque, además, involucra a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, presuntamente vinculados a redes criminales. ¿Cómo es posible que actividades de tan alto consumo energético, que requieren sofisticadas instalaciones técnicas, pasen inadvertidas o, peor aún, cuenten con protección de autoridades locales?
No se puede seguir ignorando que Paraguay se encuentra ante un dilema energético y regulatorio de fondo. Mientras algunos expertos ya advierten sobre una posible crisis energética en las próximas décadas, producto del crecimiento de la demanda y la falta de planificación, seguimos permitiendo que la energía subsidiada se desperdicie en granjas ilegales, sin que el Estado recaude un solo guaraní.
La criptominería llegó para quedarse, y nuestro país tiene condiciones para atraer inversiones tecnológicas responsables. Pero eso solo será posible con una legislación clara, una zonificación adecuada, controles estrictos y un sistema impositivo que permita al Estado captar parte de la riqueza generada. Hoy, lo que hay es anarquía, saqueo energético y riesgo ambiental. Hay que poner fin de una buena vez a este carnaval.
