Se alarga la pulseada entre Horacio Cartes y la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI). Mientras la CBI insiste en que HC debe presentarse ante este organismo para declarar sobre su supuesta vinculación de él y de sus empresas con el lavado de activos, el expresidente de la República, con una decisión judicial a su favor, comunica que responderá por escrito las requisitorias del organismo parlamentario. El hecho impone al Estado, en este caso, al Congreso Nacional, a mejorar los mecanismos de investigación para acortar el largo pimponeo entre la CBI y sus investigados.
Esta pulseada, que ya lleva su tiempo, distrae la atención del Congreso Nacional sobre otras necesidades legislativas, como para paliar la angustia de la gente por la suba de combustibles, por el grave problema de la inseguridad, por las necesidades de empleo y por otros temas sociales.
El hecho es que a la CBI no satisfizo la resolución del juez penal de garantías, Raúl Florentin, que dijo que Cartes como senador vitalicio debe responder por escrito las requisitorias del organismo investigador.
El presidente de la CBI, Jorge Querey, observó: «Si vamos a enviar un cuestionario a Horacio Cartes para que sus abogados le acomode las respuestas según la conveniencia, no tiene sentido», pero como Querey es médico dijo que consultará de nuevo con los abogados para escuchar recomendaciones. La CBI por ahora no conoce otro recurso jurídico para someter a Cartes y obligarlo a declarar personalmente. Cartes, a través de su abogado, comunicó a la CBI que responderá por escrito.
LO QUE DICE LA CONSTITUCIÓN: El artículo 195 de la Constitución establece en el segundo párrafo: «Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, los que entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados a comparecer ante las dos cámaras y suministrarles la información y las documentaciones que se les requiera. La Ley establecerá las sanciones sobre el incumplimiento de esta obligación».
La CBI no invocó ninguna ley, porque no existe, que sanciona a las personas que no suministran las informaciones o documentaciones. Entonces, recurrió a un juez y, por ahora no logra su objetivo y la pulseada sigue.
