Un nuevo incidente ocurrió en la audiencia preliminar prevista para la mañana de este jueves, en la cual debía definirse la elevación a juicio oral del presunto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.
La misma volvió a quedar suspendida por decisión del juez Miguel Palacios, quien aceptó los planteamientos formulados por las defensas de varios de los acusados.
El expediente, que involucra también al exdiputado colorado Ulises Quintana y a una veintena de personas más, forma parte de un proceso judicial estancado desde hace más de dos años.
El incidente que nuevamente paralizó la causa
El incidente se produjo tras cuestionamientos de las defensas de Marcelo Cabaña y Flora Ayala, quienes alegaron que continúa sin resolución un recurso pendiente en la Cámara de Apelaciones contra una convocatoria anterior.
Aunque el magistrado Palacios declaró inoficioso el incidente, resolvió elevarlo a la instancia superior. Esta determinación implica que, hasta tanto la Cámara resuelva dicho recurso, no podrá avanzarse con el análisis de los elementos acusatorios, lo que prorroga aún más la indefinición del caso.
La causa se encuentra empantanada desde mayo del 2022 y es una de las más sonadas en los últimos años debido al perfil de los acusados y el alcance regional del supuesto esquema criminal. La Fiscalía sostiene que Cabaña encabezaba una organización dedicada al ingreso de cocaína al país, proveniente de Perú y Bolivia. Posteriormente, según el acta de acusación, la droga era transportada hasta el departamento de Alto Paraná, desde donde salía con destino al Brasil.
Causa suspendida desde hace dos años
El Ministerio Público acusa a los implicados por los hechos punibles de asociación criminal, tráfico de drogas y otros delitos conexos. Desde el inicio de la etapa preliminar, el proceso ha registrado reiteradas trabas impulsadas por los abogados defensores, quienes han promovido recusaciones, chicanas y planteamientos que han resultado en la constante postergación de las audiencias.
Este nuevo revés refuerza la percepción de que el expediente se encuentra sumido en un letargo procesal, que no sólo impide avanzar hacia una posible condena o absolución, sino que mantiene en un limbo jurídico a los acusados, incluyendo a figuras públicas como Ulises Quintana.
La intervención del juez Palacios al elevar el recurso podría demorar semanas o incluso meses, consolidando así la parálisis del expediente. Las víctimas colaterales de esta situación son la institucionalidad del sistema judicial y la sociedad, que espera una respuesta efectiva del aparato de justicia frente a casos de alto impacto vinculados al crimen organizado.
