La detención de Freddy Antonio Florenciano Brítez, dos décadas después del asesinato de Felicita Estigarribia, no puede considerarse un triunfo de la justicia paraguaya. Por el contrario, es la confirmación de un sistema que ha fracasado de forma crónica.
Que el principal sospechoso de un crimen tipificado como homicidio doloso y coacción sexual haya vivido libremente en una zona urbana de Caaguazú, sin esconderse ni cambiar de identidad, revela algo más grave que negligencia. Evidencia la normalización de la impunidad como política de Estado y una posible protección del mismo entorno social, de una persona cuyo nombre era frecuentemente recordado en cada aniversario de la muerte de Felicita.
¿Dónde está la eficacia de las instituciones encargadas de investigar, localizar y detener a Brítez? En este caso, no se trataba de encontrar a un fugitivo oculto en una zona remota, sino a una persona visible, localizable, y al alcance de cualquier procedimiento básico. Si lo ubicaron sin necesidad de tecnología sofisticada, la pregunta obligada es: ¿por qué no lo capturaron antes?
La inacción de las autoridades apunta a una red de omisiones que va desde la falta de seguimiento hasta la posibilidad de protección o encubrimiento deliberado. Y como lo dijo el ministro de la niñez, pasaron 5 gobiernos y este sería el sexto, si Brítez no caía en un simple control de rutina.
El caso de Felicita Estigarribia se suma a una lista de expedientes que se estancan en juzgados y fiscalías sin avances reales. A lo largo de estos años, otros imputados fueron sobreseídos sin explicación clara, pruebas clave desaparecieron y las diligencias solo se activaron cuando hubo presión pública. Esta dinámica revela que no se trata de una cuestión de recursos, sino de voluntad política y compromiso institucional con la justicia.
Este tipo de situaciones es un claro ejemplo del deterioro del sistema judicial, que no responde, no previene y tampoco repara. La captura de Brítez debe abrir una revisión integral del caso, identificar responsabilidades funcionales en la demora y sentar precedentes.
Las autoridades deben ser serias con un tema tan sensible como velar por la niñez sana. Paraguay no puede ser un país donde los expedientes de esta gravedad permanezcan inactivos por décadas.
Lo que ocurrió con Felicita podría estar ocurriendo ahora con muchas otras víctimas cuyos casos no tienen nombre en la prensa. Un país que no protege a sus niños, ni castiga a sus agresores es como una ficción institucional, sostenida por el abandono.
