Nuestro país tiene la energía, las exoneraciones fiscales y hasta las primeras señales de intención. Pero carece de lo más importante: una política pública clara. Mientras el mundo acelera hacia el transporte eléctrico, nosotros seguimos desaprovechando nuestras ventajas estructurales.
Pocas son las naciones que pueden decir que el 100% de su matriz eléctrica es renovable entre ellos, Paraguay, gracias a Itaipú y Yacyretá, genera el doble de la energía que consume.
Según expertos, cargar un vehículo eléctrico en este contexto es hasta diez veces más barato que llenar un tanque de combustible. Además, las exoneraciones fiscales vigentes permiten importar vehículos eléctricos sin IVA ni aranceles, lo que ya generó un incremento real en las unidades registradas.
Pese a gran parte de la facilidad, la electromovilidad no despega, entre otras cosas, por falta de infraestructura. Hay menos de cien puntos de carga en todo el país y, en algunos puntos en rutas, la concentración todavía se registra en el área metropolitana. La promesa no llega al interior.
A esto se suma la ausencia de financiamiento accesible, ya que el costo es muy elevado, en donde en la práctica dobla en precio a un vehículo convencional, por más beneficios que tenga a largo plazo. El crecimiento del parque automotor eléctrico en 2024 fue del 40%, representando apenas el 1% del total.
El desconocimiento tampoco ayuda con los mitos sobre las baterías, su autonomía y su vida útil, pese a que la evidencia en estudios técnicos, refieran lo contrario. Si Paraguay aspira a ser un referente regional en electromovilidad, necesita actuar. La transición energética no puede depender exclusivamente del mercado o de la voluntad de unos pocos importadores. Requiere dirección, política pública y plazos.
Se necesita un plan para la electromovilidad con metas claras para el corto y mediano plazo. No solo para aumentar los puntos de carga, sino para descentralizarlos, garantizar estándares técnicos comunes y articular con los entes de distribución eléctrica. También urge una política de crédito real, capaz de acercar esta tecnología a las clases medias, sin depender exclusivamente del financiamiento corporativo.
El sector privado ofrece modelos eléctricos con soporte técnico, garantía local y opciones de mantenimiento. Lo que falta es que el Estado pase de la promoción ocasional a la ejecución sostenida. La alianza público-privada debe centrarse en ampliar redes de carga, capacitar técnicos e incluso ensamblaje nacional para ciertos componentes.
La electromovilidad no es una moda, es nuestra chance de democratizar el acceso a transporte limpio, barato y soberano.
