El transporte público en el Área Metropolitana de Asunción vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, con una nueva amenaza de paro por parte del gremio de transportistas. Parece un capítulo repetido de una telenovela de terror, donde siempre se repiten los mismos elementos: amenaza de paro, usuarios descontentos, presión empresarial mediante “reguladas”, pero nunca se encuentra una solución de fondo al problema.
En el Área Metropolitana, el problema del transporte público se presenta como una cuestión compleja y con múltiples aristas. Por un lado, los empresarios del sector reclaman subsidios y condiciones que garanticen la rentabilidad de sus operaciones. Por otro, una ciudadanía cada vez más harta exige buses modernos, frecuencias confiables y condiciones dignas para viajar. En el medio, un Estado que, hasta ahora, ha optado solamente con medidas paliativas en lugar de soluciones estructurales.
Es una historia que se repite con vergonzosa regularidad. Mientras tanto, a diario, estudiantes, trabajadores y adultos mayores pierden horas valiosas en paradas saturadas, con esperas interminables bajo el sol o la lluvia, para luego abordar unidades en condiciones lamentables. Lo que debería ser un servicio público esencial se convierte en un calvario que atenta directamente contra la calidad de vida.
Paraguay necesita avanzar hacia un modelo de transporte moderno, inclusivo y sostenible, basado en planificación a largo plazo, uso de tecnología y participación ciudadana. Mejorar la movilidad urbana es también una manera de conectar oportunidades, dinamizar el comercio y brindar mejores condiciones de vida a los ciudadanos.
Otros países de la región ya han recorrido ese camino con resultados visibles. A esta altura, ya no hay excusas para seguir postergando la transformación de un servicio tan vital.
La presión ciudadana crece de forma preocupante, y con justa razón. El transporte público no puede seguir siendo rehén de intereses sectoriales, ni un tema que reaparece únicamente cuando hay crisis o elecciones. La administración de Santiago Peña ha anunciado nuevamente un plan de reforma. Esta crisis podría ser, finalmente, el punto de inflexión. Una oportunidad histórica para tomar el toro por las astas y dejar como legado una mejora integral y sostenida del sistema.
