El Estado ya recibió USD 387 millones por Anexo C de Itaipú este año, ¿hubo buen uso?

Desde principios de este año hasta el pasado mes de noviembre, la Itaipú Binacional transfirió al Estado paraguayo la suma de 387 millones a su favor por lo que establece el Anexo C de la binacional compartida con el Brasil.

Los desembolsos corresponden a los conceptos de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Con ello, recuerdan que la entidad se encuentra al día con todas sus obligaciones financieras.

Tal como mencionan, contando los meses del presente año hasta noviembre, desde Itaipú fueron remesadas USD 183 millones en concepto de royalties y USD 162 millones por cesión de energía al Tesoro Nacional.

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Mientras, la ANDE recibió USD 42 millones por el resarcimiento de las cargas de administración y supervisión. Esto se desprende del reporte de la dirección Financiera de la Margen Derecha de Itaipú.

Faltando sólo un mes para terminar el ejercicio actual, las remesas de royalties llegaron a USD 17 millones, mientras que los pagos por cesión de energía equivalieron a USD 17 millones, mientras que la ANDE ingresó 1,3 millones por resarcimientos; totalizando así poco más de USD 35 millones las transferencias hechas por ITAIPU en noviembre de 2022.

Lo que dice el Anexo C

Recordaron que según los acuerdos establecidos en el Tratado de ITAIPU, los royalties constituyen un resarcimiento financiero que perciben los Estados de Paraguay y Brasil por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para la producción de energía eléctrica.

La cesión de energía es la compensación abonada por el Estado brasileño para acceder a la parcela de la producción que Paraguay no utiliza. Estos dos conceptos son transferidos al Ministerio de Hacienda, institución que se encarga de distribuir los recursos, tal como disponen las legislaciones nacionales.

Además, la ANDE recibe mensualmente los pagos por resarcimiento de las cargas y periódicamente, también obtiene ingresos por las utilidades del capital para hacer frente a sus necesidades presupuestarias, cumpliendo así con lo que estipula el Anexo C del Tratado.