Ya no hay proceso judicial contra el ex vicepresidente, Hugo Velázquez, según la resolución del juez de delitos económicos, Humberto Otazú, que se basó en el pedido de desestimación que la fiscal adjunta, Matilde Moreno, presentó días pasados. La medida también alcanza al coprocesado, Juan Carlos Duarte, ex asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyreta. Ambos estaban investigados por supuesto soborno agravado.
La denuncia había hecho el gobierno de los Estados Unidos de América. Supuestamente, Velázquez había ofrecido más de un millón de dólares a un funcionario del Estado para evitar la continuidad de un proceso de investigación en su contra. Sin embargo, la Fiscalía dice que no hay indicios que orienten dicha afirmación ni datos que conducentes a demostrar tal afirmación.
Velázquez fue sancionado política y financieramente por los Estados Unidos, fue declarado «significativamente corrupto y el citado gobierno le prohibió entrar en el país norteamericano. Supuestamente Juan Carlos Duarte era el brazo ejecutor de los planes de Velázquez.
Los agentes fiscales, Diego Arzamendia, Francisco Alvarenga, Alma Zayas y Jorge Sánchez, había pedido la desestimación de la denuncia contra Velázquez y Duarte, pero el juez había pedido a la fiscal adjunta, Matilde Moreno, que ratifique o no dicha petición (trámite de oposición) y Matilde ratificó.
Según la Fiscalía, no se aporta en la denuncia cuando ocurrió el hecho, cuáles son las evidencias posibles y faltaron datos objetivos para llevar a cabo la investigación. Además, ni siquiera se informó quién sería el funcionario supuestamente sobornado que impediría una investigación judicial. Ante estas falencias, fue imposible continuar con el proceso, según los fundamentos del Ministerio Público, que el juez Otazú corroboró y ratificó.
DECLARACIÓN DE LA EMBAJADA USA EN ASUNCIÓN
El 12 de agosto de 2022, la Embajada de los Estados Unidos de América en Asunción dio a conocer una declaración del secretario de Estado, Antony J. Blinken que decía lo siguiente:
«Estados Unidos designa al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y al Asesor Legal de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos “Charly” Duarte, por participación en corrupción significativa, que involucra el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos.
Duarte, un colaborador personal y profesional cercano del vicepresidente Velázquez, ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros. Actos de corrupción, como estos, contribuyen a la disminución de la confianza en el gobierno y a la percepción pública de corrupción e impunidad, dentro de la oficina del vicepresidente de Paraguay. Además, el acto de corrupción de Duarte, abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay.
Esta designación pública se realiza en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022. Como parte de esta acción, el Departamento de Estado también está designando a los miembros de la familia inmediata de Velázquez, incluyendo a Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionicio Adalberto Velázquez Gimenez, Sonya Rebeca Velázquez Escauriza, y Hugo José Velázquez Escauriza; y a los familiares inmediatos de Duarte, incluyendo a Ninfa Concepción Vera Moreira y a Tamara Duarte Martínez.
Estas designaciones reafirman el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción, que perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica de los países y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su gente. Estados Unidos sigue al lado de todos los paraguayos, en apoyo de la democracia y el Estado de derecho y seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal, independientemente de su cargo o afiliación política».
NO HAY INDICIOS
Sin embargo, la justicia paraguaya dice que no hay nada concreto al respecto que amerite una investigación.
