Paraguay enfrenta una crisis estructural en su sistema de pensiones, marcada por la informalidad, la inequidad y la falta de sostenibilidad. En este análisis exploramos por qué una reforma previsional en Paraguay, basada en un modelo mixto que combine un pilar solidario estatal con capitalización individual privada, podría ofrecer una solución viable.
Nuestro país enfrenta una crisis silenciosa pero devastadora en su sistema previsional. La baja cobertura, la alta inequidad y la insostenibilidad financiera del Instituto de Previsión Social (IPS) y la Caja Fiscal amenazan con dejar a millones de paraguayos sin un retiro digno.
Sin embargo, hay una solución poderosa y transformadora: privatizar parcialmente el sistema de pensiones, adoptando un modelo mixto que combine un pilar solidario estatal con un sistema de capitalización individual gestionado por entidades privadas.
¿Por qué privatizar las pensiones puede ser una solución viable?
Privatizar no es solo una opción; es la clave para garantizar un futuro próspero, sostenible y equitativo para todos los trabajadores paraguayos. A través de ejemplos concretos y lecciones internacionales, demostraremos por qué esta reforma es urgente y cómo puede revolucionar el panorama previsional del país.
El sistema actual está colapsando bajo su propio peso. Según datos del IPS al cierre de 2024, hay 726,972 cotizantes activos, pero solo 76,105 jubilados.
Esto podría parecer positivo, pero la densidad de cotización es alarmante: un estudio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) revela que el 60% de los trabajadores paraguayos están en la informalidad, lo que significa que no aportan de manera constante.
A modo de ejemplo tomemos como caso una vendedora de chipa en el Mercado 4 de Asunción y que gana en promedio 2.500.000 guaraníes al mes, pero como trabaja de manera informal, no aporta al IPS.
A sus 55 años, no tiene ahorros previsionales y, si sigue así, no tendrá derecho a una pensión cuando cumpla 65. Este drama afecta a millones según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los trabajadores informales, que suman 483,460 personas solo entre los independientes, son los más vulnerables.
La Caja Fiscal, que atiende a empleados públicos, es otro ejemplo de ineficiencia e inequidad. Un docente jubilado recibe, en promedio, 3.500.000 guaraníes mensuales, mientras un magistrado judicial que se jubila a los 50 años puede recibir hasta 12.000.000 guaraníes, según el Ministerio de Hacienda.
Esto no solo es injusto, sino insostenible. El sistema actual redistribuye recursos de manera regresiva: los trabajadores de menores ingresos, como una empleada doméstica que gana el salario mínimo de 2.680.250 guaraníes, a menudo no alcanzan los 25 años de cotizaciones requeridos para jubilarse.
Sus aportes terminan financiando las pensiones de los sectores privilegiados, como los magistrados o militares, perpetuando un ciclo de desigualdad.
¿Cómo funcionaría un modelo mixto de pensiones en Paraguay?
Privatizar el sistema previsional es la solución más efectiva para romper este ciclo y desatar el potencial que tenemos, yo propongo un modelo mixto con dos pilares: un pilar solidario estatal que garantice una pensión básica universal de 1.500.000 guaraníes mensuales para todos los mayores de 65 años, financiada con impuestos generales, y un pilar de capitalización individual donde los trabajadores aporten a cuentas personales administradas por entidades privadas, como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Este segundo pilar es donde radica el poder transformador de la privatización. Al permitir que los trabajadores inviertan sus ahorros en mercados financieros, se generan tasas de retorno mucho más altas que las del sistema de reparto actual.
Por ejemplo, en Chile, durante los primeros 20 años de su sistema de AFP (1981-2001), los fondos de pensiones lograron un rendimiento promedio anual del 10%, según datos del Banco Central de Chile.
Esto significa que un trabajador paraguayo que aporta 500.000 guaraníes mensuales durante 30 años podría acumular un fondo de más de 600.000.000 guaraníes, suficiente para una pensión mensual de 3.000.000 guaraníes durante 20 años, ajustada por inflación.
Comparemos esto con el sistema actual. Tengamos como caso de estudio a un obrero de fábrica en Ciudad del Este que gana 4.000.000 guaraníes al mes y aporta al IPS durante 25 años recibe una pensión de apenas 2.200.000 guaraníes mensuales, que pierde valor con la inflación porque el sistema de reparto no genera rendimientos significativos.
En un sistema privatizado, ese mismo obrero podría ver su fondo crecer exponencialmente gracias a los intereses compuestos y las inversiones en instrumentos financieros seguros, como bonos del Estado o acciones de empresas sólidas.
Esto no solo le daría una pensión más alta, sino también la libertad de elegir cómo administrar su dinero: podría retirar una parte para comprar una casa o invertir en un pequeño negocio.
La privatización también incentivaría la formalización laboral, un problema crítico en Paraguay. Si los trabajadores ven que sus aportes se traducen en ahorros reales y tangibles, tendrán más razones para formalizarse.
Uruguay ofrece un ejemplo inspirador: su régimen simplificado para trabajadores independientes, el Monotributo Social, permite a pequeños emprendedores aportar al sistema previsional con cuotas accesibles.
Nosotros podríamos implementar un sistema similar, donde un vendedor de frutas en el Mercado de Abasto que gana 3.000.000 guaraníes al mes pague una cuota inicial de 150.000 guaraníes mensuales al sistema de capitalización individual. Esto no solo le daría acceso a una pensión futura, sino que también lo integraría al sistema formal, dándole derecho a beneficios como seguro de salud.
Otro beneficio crucial de la privatización es la sostenibilidad financiera. El sistema de reparto actual es una bomba de tiempo: a medida que la población envejece, la proporción de cotizantes por jubilado disminuirá.
Según proyecciones del INE, para 2050, la tasa de dependencia demográfica en Paraguay (la relación entre mayores de 65 años y la población en edad de trabajar) se duplicará.
Un sistema de capitalización individual elimina esta presión, ya que cada trabajador ahorra para su propia pensión, sin depender de las generaciones futuras.
Además, los fondos de pensiones pueden impulsar la economía nacional. En Perú, las AFP han invertido en infraestructura, como la construcción de carreteras y hospitales, generando empleo y desarrollo.
En Paraguay, estos fondos podrían financiar proyectos clave, como la modernización del Corredor Bioceánico o la expansión de energías renovables en el Chaco, asegurando un crecimiento económico sostenible.
Por supuesto, la privatización debe ir acompañada de salvaguardas, lo que nos lleva a la creación de un Consejo de Seguridad Social, integrado por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores, para supervisar las entidades privadas y garantizar que inviertan de manera responsable.
Propuestas para formalizar el trabajo independiente
Además, el pilar solidario estatal aseguraría que nadie quede desprotegido: incluso trabajadores informales recibirían la pensión básica universal de 1.500.000 guaraníes al llegar a los 65 años.
La reforma también debe incluir ajustes graduales, como aumentar la edad de jubilación para apoyar a los trabajadores mayores, el gobierno podría lanzar programas de reconversión laboral, como cursos gratuitos de tecnología para mayores de 45 años, asegurando que sigan siendo empleables.
Privatizar el sistema previsional no es solo una reforma técnica; es un acto de justicia y visión.
Es la oportunidad de darle a cada paraguayo, desde el agricultor en Caaguazú hasta el comerciante en Asunción, la dignidad de un retiro seguro.
Es la chance de transformar el sistema en un motor de desarrollo económico y equidad social. Paraguay no puede esperar más: la privatización es el camino para prosperar. Con un diseño cuidadoso, transparente y dialogado, esta reforma puede asegurar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.
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