La Cámara de Diputados decidió conformar comisiones para dictaminar sobre intendentes de Ciudad del Este y Asunción. La mayoría optó por dar la facultad a la Comisión Directiva para que integren una comisión por municipio.
En sesión extraordinaria, se determinó que el presidente de la Cámara de Diputados, en coordinación con los líderes de las diferentes bancadas, conforme las dos comisiones especiales para estudiar la solicitud formal de acuerdo constitucional para la intervención de las dos Municipalidades, informó la Cámara Baja.
Las diferentes bancadas podrán presentar su lista de candidatos. Se estableció que este miércoles, en ocasión de la reunión de la Mesa Directiva, se entreguen el listado para la conformación de dichas comisiones, indicó la Cámara de Diputados.
Poder Ejecutivo pidió oficialmente a la Cámara de Diputados el acuerdo para intervenir las Municipalidades de Asunción y Ciudad del Este. Funcionarios del Ministerio del Interior se encargaron de presentar el documento en la mesa de entrada de los diputados.
El pedido se basa en el dictamen de la Contraloría General de la República, que recomendó hacer este trámite, ante las irregularidades detectadas en las administraciones de los intendentes, Óscar «Nenecho» Rodríguez (Asunción) y Miguel Prieto (Ciudad del Este).
El pedido de acuerdo lleva la firma del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, que reemplazó al presidente, Santiago Peña, que se encontraba en Japón. También lleva la firma del ministro del Interior, Enrique Riera Escudero.
La Cámara de Diputados y la Controlaría
En Ciudad del Este, la Contraloría cuestionó el uso de recursos transferidos para actividades como la Navidad Sustentable 2023, además de la ejecución de gastos de capital entre 2019 y 2022.
En Asunción, la Contraloría investigó irregularidades sobre la utilización de fondos provenientes de bonos municipales G8 y G9, cuyos registros están en poder del Tribunal de Cuentas, impidiendo conocer su destino final.
La Contraloría afirmó haber cumplido en informar a los poderes del Estado y de derivar a la Fiscalía aquellas observaciones con implicancia penal. No obstante, ante la falta de resultados, sostiene que la intervención es la única salida jurídica viable, porque que las prácticas irregulares se siguen repitiendo.
