Los principales partidos políticos de la oposición paraguaya se pronunciaron de forma conjunta y enérgica contra el decreto firmado por el presidente argentino Javier Milei, que estableció una tarifa argentina de 28 dólares por Mega Watt/hora (MWh) para la energía generada en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
En un documento difundido por varias agrupaciones, entre ellas el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Paraguay Soberano, Partido País Solidario, Partido Frente Amplio y Paraguay Pyahurã, se cuestionó no solo la unilateralidad de la decisión argentina, sino también la pasividad del presidente de la República Santiago Peña, a quien acusan de “renunciar al ejercicio de la soberanía nacional”.
Consideran tarifa unilateral por no seguir el tratado de la EBY
Según el comunicado, el Tratado de Yacyretá impide que se establezcan una tarifa argentina o paraguaya, mediante decretos unilaterales, ya que la fijación del costo por MWh corresponde exclusivamente al Consejo de Administración de la EBY, sobre la base del costo real del servicio.
El decreto N.º 303/2025 del Ejecutivo argentino, en cambio, faculta a la Secretaría de Energía de ese país a firmar un acuerdo con la EBY y la ANDE, sin que medie una discusión técnica o financiera con el gobierno paraguayo, y mucho menos una auditoría independiente sobre los costos reales de producción y distribución.
Rechazo a la deuda reconocida en el Acuerdo Cartes-Macri
El eje del reclamo también se centra en el intento del gobierno de Milei de hacer vigente una deuda con el Tesoro argentino, surgida del Acuerdo Cartes-Macri de 2017, ratificado por el Congreso paraguayo en 2018 pero nunca aprobado por el Congreso argentino.
Los partidos de oposición calificaron de “espuria” la deuda, estimada en más de 4.000 millones de dólares, porque se originó en decretos unilaterales de los gobiernos de facto de Videla y fue posteriormente replicada por Raúl Alfonsín.
En esos documentos se establecía que el Tesoro argentino podía ser prestamista de la EBY, pese a que el Tratado estipula claramente que los Estados pueden aportar capital o recurrir a préstamos de terceros, como sucedió con los fondos del BID y del Banco Mundial.
Los sectores políticos firmantes afirmaron que Paraguay no puede aceptar una fórmula de tarifa basada en documentos nunca ratificados, los cuales contravienen los principios bilaterales que regulan la administración de la hidroeléctrica. Además, afirmaron que el Acuerdo Cartes-Macri contrasta fuertemente con lo ocurrido en Itaipú, donde Paraguay canceló completamente la deuda con Brasil al finalizar la vigencia del Anexo C y no permitió prolongar la dependencia financiera más allá del marco legal acordado.
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Compensación pendiente y tarifa argentina congelada
Argentina mantiene una deuda histórica con Paraguay por la compensación del territorio inundado para construir la represa, una acreencia que supera los mil millones de dólares y que nunca ha saldado.
A pesar de que Paraguay aportó el 80% del terreno utilizado para la represa de Yacyretá, hasta la fecha no ha recibido un solo céntimo en ese concepto. Tampoco se han reparado los daños causados por la pérdida del ferrocarril nacional, sepultado por el embalse, lo cual representa un perjuicio logístico importante para un país sin salida al mar.
Los partidos expresaron que el nuevo decreto de Milei no solo profundiza la injusticia, sino que abre la puerta a un esquema de tarifa argentina unilateral donde Argentina pagará apenas 28 dólares por MWh en efectivo, mientras sigue sin transferir regularmente el pago por cesión de energía, congelado desde hace años y abonado de forma irregular.
Según denuncian, Paraguay entregará su energía a precio de saldo, consolidando un desequilibrio estructural que ha beneficiado al país vecino durante décadas.
En conclusión, los partidos sostienen que el decreto de Milei, con la tácita aquiescencia del presidente de la República Santiago Peña, viola flagrantemente el Tratado de Yacyretá y representa un nuevo avasallamiento a los derechos históricos, energéticos y territoriales del Paraguay.
Exigen una postura firme del Ejecutivo nacional y una revisión inmediata del modelo de relación con Argentina en lo que concierne a la EBY.
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