En octubre del año pasado el analista internacional, Emanuele Ottolenghi , señalaba en una publicación de Foreign Policy, que Paraguay era un campo de experimentación para la política anticorrupción de la administración de Joe Biden.
En efecto Ottolenghi sostenía que Washington necesitaba enviar señales claras a los políticos paraguayos de que no consentirá más la corrupción en la administración de los bienes públicos y que si se tiene evidencias contra los designados significativamente corruptos (Horacio Cartes, Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte) se debería iniciar acciones judiciales, para solicitar la extradición.
Seis meses después de las designaciones, la administración Biden vuelve con una acometida con las sanciones financieras contra las empresas de Cartes. Solo unos días después de que éste asumiera la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR.
Según la misma publicación de Ottolenghi, señalaba “en el pasado, los líderes de Paraguay tenían impunidad mientras estuvieran políticamente alineados con los Estados Unidos. Los predecesores de Biden, ya fueran demócratas o republicanos, estaban muy al tanto de la pandemia de corrupción de Paraguay, pero trataron con cuidado a sus líderes en medio de una creciente evidencia de corrupción en los niveles más altos de la estructura de poder del país. Las investigaciones de EE. UU. sobre el presunto papel de Cartes en el contrabando son anteriores a su elección como presidente en 2013, pero probablemente fueron descartadas como parte de un acuerdo diplomático, según conversaciones que Foreign Policy tuvo con un ex funcionario paraguayo cercano a Cartes y un ex funcionario estadounidense familiarizado con EE. UU.”.
Si desde el 2013 ya se tenian dichas evidencias, el momento en que se adoptan las medidas contra los afectados, no es el más oportuno para los intereses de Paraguay.
Se sabe que el cáncer de la corrupción infecta todas las instituciones de la República y es un mal endémico que ocasiona graves daños a toda la sociedad paraguaya. Una campaña anticorrupción debe ser iniciada desde la misma sociedad, que participa diariamente en menor o mayor medida de la corrupción generalizada, obteniendo magros beneficios.
Sin embargo, los sucesivos terremotos que sacuden a la política paraguaya, cada vez que el embajador Marc Ostfield convoca a una conferencia de prensa, se dan en un contexto en el que el Paraguay debe debatir cuestiones que pueden marcar el futuro de varias generaciones de paraguayos.
En efecto, en el 2023 se debe discutir la renegociación del Tratado de Itaipú con Brasil, donde toda la sociedad espera que finalmente, tras 50 años, se pueda lograr condiciones equitativas, que signifiquen mayores beneficios de la energía producida por la represa binacional.
Al mismo tiempo, casi paralelamente se presenta un problema con la Argentina, respecto a la hidrovía Paraguay-Paraná, donde se pretende cobrar un injusto peaje a las embarcaciones paraguayas y donde ademas se registra una disputa sobre el control de una de las más grandes vías de salida de productos de Brasil, Paraguay y Bolivia.
La hidrovía es un punto conflictivo, porque Argentina tiene planes de conceder la explotación del canal a empresas de China Continental, en tanto que Paraguay tiene en perspectiva un acuerdo con Estados Unidos para que ingenieros militares norteamericanos, se encarguen del dragado del canal.
En medio de estas cuestiones trascendentales para el futuro del Paraguay, la opinión pública nacional está concentrada en un debate estéril, perdiendo vista el análisis y el consenso social necesarios para lograr mayores beneficios para los paraguayos.
