Crear imágenes de abuso sexual infantil por inteligencia artificial es un delito, según Tribunal argentino. Aunque el fallo solamente tiene efecto en el expediente del caso, es un antecedente clave para la protección de menores.
El fallo, además, abre la posibilidad de un debate legislativo sobre cómo debe adaptarse el derecho penal a estos fenómenos, según explicó Antonella Stringhini, directora de Formación y Transformación Digital con Inteligencia Artificial del IALAB, entrevistado por el diario La Nación de Buenos Aires.
El caso tuvo origen en una denuncia contra un hombre acusado de publicar y distribuir material sexual que involucraba a menores de 18 años. El periódico bonaerense relató la posición del procesado.
Durante el proceso, la defensa planteó que no se había demostrado la existencia de víctimas reales y que el contenido en cuestión podría haber sido generado digitalmente, ya fuera mediante inteligencia artificial o técnicas de animación por computadora (CGI).
Según su interpretación, el artículo 128 del Código Penal solo se aplicaría si las imágenes tuvieran como base a personas reales y no a figuras creadas artificialmente, dice el artículo del periódico citado.
Sin embargo, -agrega- los jueces Mariano Magaz, Humberto Bottini y María Pía Leiro desestimaron ese argumento y resolvieron confirmar la elevación a juicio. En su fallo, indicaron que la normativa vigente —modificada por la Ley 27.436— contempla toda forma de representación de menores en contextos sexuales, independientemente de su origen.
Crear imágenes de abuso sexual: contribuye con la pedofilia
La misma fuente señala que la jueza de Garantías, Graciela Cione, sostuvo que una “simple observación de los videos y fotografías” permitía advertir que las figuras representaban a niños y niñas de entre 3 y 13 años, aunque no se hubiera identificado a ninguna víctima en particular.
El tribunal advirtió que permitir este tipo de contenidos —incluso si fueran creados sin personas reales— podría contribuir a normalizar la pedofilia, lo que representa una amenaza directa al bien jurídico protegido: la libertad e integridad sexual de las infancias, concluyó.
