Una serie de allanamientos ejecutados en Canindeyú, en el marco del Operativo Barret, confirma lo que venimos sosteniendo desde el principio y es que la estructura criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”, no habría alcanzado su nivel de consolidación, en aquella región, sin la complicidad directa de funcionarios del Estado. La detención de militares y policías en servicio activo pone en evidencia una podredumbre institucional y de cómo estos elementos se convierten en un peligro para toda la sociedad.
Era más que evidente que en un área relativamente pequeña del territorio nacional no se puede levantar un ejército irregular de sicarios, controlar la producción y el tráfico de marihuana, ni edificar una red de lavado de dinero, sin que las autoridades locales lo permitan, lo alienten o, peor aún, lo protejan. El narcotráfico, como toda estructura de poder, requiere logística, financiamiento, armamento y silencio institucional. Todo eso parece haberle sido provisto a alias “Macho”.
Dos militares, fueron arrestados por proveer armas y municiones a este grupo criminal. Un dato que no solo indigna, sino que obliga a la reflexión más dura. Armas compradas con dinero del contribuyente, destinadas a la defensa nacional y al combate del crimen, fueron desviadas para abastecer a una organización que luego las utilizó para herir a sus propios camaradas. Esto es directamente poner a los servidores públicos al servicio del crimen organizado.
Así como el Operativo Veneratio desarticuló el esquema del Clan Rotela dentro del penal de Tacumbú, se requiere ahora una intervención de igual o mayor envergadura para desmantelar el dominio territorial de “Macho” en Canindeyú.
No se trata solo de seguridad pública. Se trata de soberanía. Cuando el Estado pierde el control de un territorio, cuando una organización paralela impone reglas, distribuye roles y reparte dinero, ya no estamos ante un problema policial. Estamos ante un fenómeno de pérdida de soberanía del Estado.
Paraguay no puede permitirse feudos delictivos. No puede aceptar que criminales se conviertan en zares que controlan territorios, compran conciencias y desangran comunidades.
