La licenciada Avelina García, exfuncionaria del centro de salud de San Antonio, denunció públicamente una serie de irregularidades en el sistema sanitario y, como represalia, fue trasladada sin previo aviso a otro distrito. La acusación realizó en conferencia de prensa, en el Senado, junto al senador Salyn Buzarquis.
Irregularidades sin respuesta
García aseguró que desde hace meses viene alertando sobre fallas críticas en el centro de salud de San Antonio, que depende de la Undécima Región Sanitaria, pero que nunca obtuvo respuesta de las autoridades.
Entre las carencias, mencionó que la farmacia solo atiende por la mañana y permanece cerrada los fines de semana, al igual que el laboratorio y radiología, pese a contar con personal que cobra regularmente. También denunció la falta de medicamentos, la inexistencia de espacios adecuados para el descanso del personal nocturno y restricciones para el uso de insumos básicos en guardias.
Las represalias tras las denuncias
El fin de semana pasado, luego de brindar declaraciones a un medio televisivo, García recibió por correo electrónico la notificación de su traslado al centro de salud de Ypané, sin fundamentos ni comunicación previa. Al intentar ingresar a su lugar habitual de trabajo, se encontró con las cerraduras cambiadas y sus pertenencias personales retenidas.
La directora del centro alegó «necesidades en otro distrito», pero García lo consideró insostenible: el centro de San Antonio carece de personal suficiente y atraviesa una situación crítica. “Mi legajo está impecable. Tengo 15 años de servicio, sin sumarios ni amonestaciones. No puede ser que por denunciar irregularidades me castiguen así”, reclamó.
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Mensaje intimidatorio al personal
El traslado generó temor entre otros funcionarios. Según García, la directora advirtió al personal sobre las consecuencias de apoyar a la licenciada Avelina, lo que generó temor entre los contratados. Desde entonces, muchos evitan acercarse a ella para no exponerse a posibles represalias.
Actualmente, García se encuentra encadenada frente al centro de salud como forma de protesta, exigiendo su reposición en el cargo y una explicación formal sobre la medida adoptada. Hasta el momento, ninguna autoridad del Ministerio de Salud se presentó a dialogar ni a verificar las denuncias.
Un pedido directo a la ministra
La trabajadora hizo un llamado a la ministra de Salud a intervenir directamente, recordando que es una funcionaria nombrada y presupuestada, mientras que quienes firmaron su traslado son contratados. Cuestionó que se haya enviado a la policía a vigilar su protesta pacífica, en lugar de atender los problemas estructurales del centro.
Advirtió que su caso envía un mensaje peligroso al personal de blanco, que teme denunciar por miedo a sufrir las mismas represalias. “Quiero volver a mi cargo y que respondan con hechos, no con castigos”, expresó.
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