Vestidos como agentes antidrogas y con cámaras instaladas para vigilar a su objetivo, un grupo armado ejecutó un fallido plan de asesinato en Pedro Juan. La tecnología, esta vez, fue aliada del sicariato. Hay ocho detenidos.
El atentado frustrado contra el ciudadano brasileño Wilson Fernández Gonçalves registrado ayer en Pedro Juan Caballero, dejó ocho personas detenidas. Un grupo armado ingresó al inmueble de la víctima, vestidos con uniformes similares a los de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), simulando un operativo oficial.
Los guardias de seguridad privada del lugar reaccionaron de inmediato y lograron repeler a los atacantes con disparos. Durante el enfrentamiento, uno de los supuestos sicarios, Jaime Verón Florentín, de 31 años, resultó herido y detenido. El mismo cuenta con antecedentes por un caso en el que fue asesinado Charles González en junio de 2011, en pleno centro de la ciudad.
Capturas y acciones inmediatas luego del atentado de Pedro Juan
Otro de los presuntos atacantes, Marcelo Ariel Zamudio Benítez, de 27 años, fue capturado por agentes de la Comisaría 3.ª cuando intentaba escapar. También fueron detenidos Diego Marcelo Moreira Escobar (28), Hugo Reinaldo Ruiz Gómez (45), Juan Ramón Vega Páez (29), Benjamín Ayala Sosa (42), Luis Carlos Aldana Agüero (33) y Miguel Rosalino Candado Villalba (48).
Las capturas se realizaron en distintos puntos de Pedro Juan Caballero, con operativos policiales que permitieron asegurar vehículos y otras evidencias vinculadas al ataque.
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Tecnología y logística del grupo armado
Entre los detenidos, Aldana Agüero y Candado Villalba habían instalado recientemente cámaras de seguridad que enfocaban el acceso principal al inmueble atacado. Esta acción generó sospechas de colaboración logística con el grupo armado.
En los vehículos abandonados por los atacantes fueron encontrados bidones con combustible, lo que refuerza la hipótesis de que planeaban incendiar los rodados tras consumar el ataque.
Investigación en curso sobre crimen organizado
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan las investigaciones para establecer la estructura, vínculos y financiamiento del grupo. El hecho es considerado un nuevo episodio relacionado al crimen organizado en la frontera con Brasil.
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